Palabra de arrepentido

La senda hacia el dinero público de Ecuador perdido en las tramas de irregularidades que han ido revelándose en los últimos tiempos conduce hacia un laberinto de escondites para billetes sin nombre, transferencias con alias, empresas pantalla y otras estratagemas que usan los artífices de la corrupción para desviar y ocultar recursos mal habidos en el territorio nacional y en paraísos extranjeros.

Toda esa estructura, estudiada y armada meticulosamente, puede desvanecerse de la forma más simple y eficaz: con buena voluntad. Ecuador apuesta a la buena fe con una ley de recuperación de capitales que confía en el remordimiento de quienes antes han incumplido su responsabilidad más sagrada, la de no aprovecharse en beneficio propio del dinero que todos los ciudadanos entregamos al Estado para que haga obras por el bien común. La norma apela a la conciencia de aquellos que se apropiaron indebidamente de recursos públicos para que los devuelvan y cooperen con las autoridades a cambio de un beneficio judicial, ya que el objetivo de la norma, según se ha promocionado, no es perseguir a las personas sino el dinero desvanecido. Además, el proyecto se nutrirá del reproche social acumulado por los casos de mal manejo de recursos públicos y cuenta con que los ciudadanos sean más que espectadores indignados. Con la nueva norma serán bienvenidos los avisos sobre indicios de corrupción, que pasarán a manos del CPCCS.

La propuesta, con sello personal de la nueva presidenta de la Asamblea, ha adelantado a ley de extinción del dominio, considerada la impostergable e inexcusable, que ha servido a Perú, por ejemplo, para recuperar 100 millones de dólares relacionados con sobornos en contratos solo de Suiza. La misma autoridad legislativa recordó en el aniversario del Gobierno de Lenín Moreno que Ecuador ha desperdiciado 24.000 millones de dólares en oscuras gestiones. Es el monto a recuperar. Pero no por ello, aduce el cuerpo de asambleístas, se dará paso a una norma (la de extinción de dominio) que permita incautar bienes de personas que no puedan justificar la licitud de su origen. El debido proceso vuelve a ser ahora, como lo fue al inicio del Gobierno correísta, la razón para aparcar una ley, transcrita de un modelo de la ONU, en la que sí han confiado siete países de la región para recuperarse del perjuicio de la corrupción. Una que va más allá de la palabra del arrepentido.