Quien paga la cuenta

La crisis económica y fiscal que vive el país ha vuelto a poner en el debate la eliminación de los subsidios a los combustibles, de los que se benefician todos los ecuatorianos sin excepción, y que en el caso del diésel favorece especialmente la actividad productiva.

Sería sin duda una medida con alto costo político, que se justificaría solo en el contexto de un programa de gobierno cuyo objetivo final sea superar problemas estructurales de orden económico, y además, reprogramar la deuda pública, acentuar la austeridad en el gasto público, focalizar la medida y equilibrar cuentas fiscales. Tal medida afectaría con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos, que sufrirán consecuencias por costos de transporte, aumento de precios en productos de la canasta básica y restricciones en sus gastos.

Personalmente, creo que es saludable que se pague el costo de lo que uno usa o consume. Pero la reflexión que flota entre los ecuatorianos es por qué los gobiernos no optaron por recuperar los alrededor de cinco mil millones de dólares que significó el feriado bancario y que terminó pagándolo el país. ¿Y por qué no emprender en una campaña para recuperar los miles de millones de dólares que por sobreprecios o coimas perjudicaron al país la década pasada, en la venta anticipada de petróleo, en construcción de carreteras, en contratación de hidroeléctricas y presas hídricas, en los escandalosos precios en la construcción de una refinería trunca y otra mal reparada; en escuelas del milenio y hospitales; en atracos por atención médica y compra de medicamentos en el IESS; en construcción de edificios y equipamiento de la función Judicial, y una cadena de incontables pillerías medianas y menores? En definitiva, ¿quién paga la cuenta del derroche del más cuantioso ingreso de recursos públicos recibidos por el país en su historia?, para al final estar endeudados en más de 60.000 millones de dólares, valor que supera el monto de todo lo invertido en obra pública por el anterior gobierno.

Es injusto que los ciudadanos paguen el irresponsable y alegre manejo de recursos públicos, hecho por una clase política que, con excepciones, ha defraudado al país.