4 autoridades de entidades de control están en la lista para la interpelación.

La oposicion quiere llevar a juicio politico a Jalkh

La Asamblea cuestiona a los organismos de control y quiere llevar a sus autoridades a juicio político.

Al banquillo de los acusados. La Asamblea cuestiona a los organismos de control y quiere llevar a sus autoridades a juicio político.

La oposición y el oficialismo coinciden en que los titulares de esas entidades han incumplido con sus funciones.

La oposición tiene a tres cabezas en su lista: el vicepresidente Jorge Glas, el fiscal Carlos Baca, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. También hay una cuarta funcionaria que estaría pendiente: la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González. En cambio, la mayoría parlamentaria piensa en el contralor, Pablo Celi.

Hoy, Esteban Bernal, de CREO, y Raúl Tello, del Movimiento Unidos por Pastaza y del Bloque de Integración Nacional, anunciarán la interpelación al principal de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Para ello presentarán dos pruebas: la primera es el testimonio de los 40 exjueces, quienes fueron destituidos, y denunciaron presiones en sus resoluciones.

La segunda son los correos filtrados del expresidente de la República Rafael Correa, de Jalkh, del exsecretario de la Presidencia Alexis Mera, y de Johanna Pesantes, exministra de Justicia y actual secretaria Jurídica de Carondelet, para el nombramiento de jueces y fallos judiciales.

Raúl Tello, de Unidos por Pastaza, subrayó a este Diario que Jalkh tiene responsabilidad en los nombramientos de jueces afines a PAIS, en concursos amarrados y en la injerencia en la justicia. “La justicia se manejó desde Carondelet y se influyó en las resoluciones de los jueces”, dijo.

CREO, apoyado por los 63 integrantes de la oposición, insistirá en su tercer intento para el juicio político a Glas. Al momento, sus nuevas pruebas son la vinculación del segundo mandatario al juicio por la trama de corrupción de Odebrecht y el caso de Singue, que tiene un informe de la Contraloría con responsabilidad penal. Mae Montaño, de CREO, asegura que el juicio a Glas es urgente y se necesita una limpieza de todas esas instituciones de control. “Ya viene la reelección de esas autoridades y se debe depurar, ahora que ya no están protegidos por el Ejecutivo”, declaró.

Además, la oposición no descarta interpelar a la principal del Consejo de Participación Ciudadana por incumplimiento de funciones. Creen que las autoridades que han designado han sido cuestionadas por corrupción y están alineadas a PAIS. “Está en análisis, aún no hay decisión al respecto. Todo depende de la coyuntura política”, explicó Héctor Yépez, de SUMA, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana.

Dallyana Passailaigue, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), concuerda con él. “Propusimos llamar a consulta popular para que desaparezca”, señaló.

Otra autoridad que podría ser llamado a juicio político es el contralor, Pablo Celi. ¿La razón? Celi declaró que haría una auditoría de gestión a la deuda del Gobierno de Rafael Correa. Hermuy Calle, de PAIS, aclaró que esas auditorías no están permitidas, según las enmiendas aprobadas en 2015.

Los protagonistas

JORGE GLAS

Vicepresidente

CREO solicitó el juicio político a Glas por su responsabilidad política al frente de los sectores estratégicos, donde hay actos de corrupción. Este pedido fue archivado por el Consejo de Administración Legislativa.

Gustavo Jalkh

Presidente de la judicatura

CREO y el Bloque de Integración Nacional pedirán el juicio político a Jalhk porque 40 exjueces denunciaron presiones políticas en sus resoluciones. También por la injerencia del expresidente Rafael Correa en la justicia.

Pablo Celi

Contralor

El oficialismo anunció que pedirá el juicio político al contralor, Pablo Celi, por incumplimiento de funciones. Según PAIS, Celi viola la Constitución al hacer una auditoría a la deuda externa del gobierno de Correa.

Raquel González

Consejo de participación

La Comisión de Participación Ciudadana analiza llamar a juicio político a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, por incumplir su labor al designar a las autoridades de control.

Interpelación

Vicepresidente

La solicitud va al titular de la Asamblea, con las pruebas y las firmas de una tercera parte de la Asamblea. Eso pasa al Consejo de Administración Legislativa y a la Corte Constitucional. Esta emite un dictamen de admisibilidad y da paso el juicio.

Autoridades

La solicitud se dirige al presidente de la Asamblea. Este la pasa al Consejo de Administración Legislativa. De allí va a la Comisión de Fiscalización que emite un informe recomendando o no el juicio. El plenario vota por la destitución o censura.