GAD. Sergio Chacón, Pablo Jurado y Paola Pabón, secretaria de la Política.

Una nueva “arquitectura” tributaria

Nueva “arquitectura” tributaria. Esa es una de las resoluciones de los gobiernos autónomos locales para enfrentar la falta de transferencia de recursos del Gobierno central.

Así lo confirmaron a EXPRESO sus representantes, que se reunieron el martes, en Cuenca. Ellos elaborarán un proyecto de reformas tributarias apuntado a que el Gobierno central no sea el intermediario entre ellos y los recursos que reciben.

Según esa propuesta, los impuestos que se paguen en los territorios deben quedarse allí y no ir al Gobierno central para que luego regrese la transferencia. “Debe ponerse en vigencia la autonomía de nuestros gobiernos, tal como dice el Cootad”, dijo a este Diario el prefecto de Morona Santiago y miembro de Pachakutik, Marcelo Chumpi.

Según él, el presidente Rafael Correa dijo que “si somos autónomos que nos manejemos con nuestra propia plata”. Pero, aclaró, esa no es plata del jefe de Estado, sino una recaudación de los fondos e impuestos de los ecuatorianos.

Para estos gobiernos locales, las provincias, cantones y parroquias deben recibir de acuerdo a sus aportaciones al producto interno bruto (PIB). Por ejemplo, Sucumbíos y Orellana son las capitales petroleras del país. La primera aporta con el 8 % al PIB, mientras la segunda con el 5 %. Pero ¿cuánto reciben del Estado? Sucumbíos, 24 millones de dólares; mientras Orellana, 28 millones, según las cuentas de las prefecturas.

Las reformas incluirán, también, que el 90 % de la tributación al Servicio de Rentas Internas (SRI) se quede en los territorios, mientras el 10 % vaya al Gobierno.

¿Por qué? Los prefectos, alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales pasan un “vía crucis con el Ministerio de Finanzas para cobrar sus recursos. Somos chantajeados por los gobiernos de turno que no quieren transferirnos los recursos a los de la oposición”, señaló Chumpi.

En la misma línea está la viceprefecta de Cotopaxi, integrante de Unidad Popular, Silvia Bravo. Para ella, el Gobierno no puede negarse a “entregarnos esos recursos porque son nuestros”, señaló a este Diario.

Citó el ejemplo de su provincia: el régimen debe 4,6 millones de asignación presupuestaria de enero, febrero y marzo. Además, cerca de un millón de dólares por devolución del IVA de 2014 y 2015. Esto, según el ofrecimiento de las autoridades, será pagado con títulos del Banco Central. “El Gobierno nos ofreció 500 millones por la emergencia del volcán Cotopaxi pero no hay envío”. CMP