Heridos y familiares de las decenas de víctimas mortales de las manifestaciones antigubernamentales que vivió Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 anunciaron este martes 20 de febrero de 2024 que han conformado una asociación nacional para exigir "justicia" y responsabilidades por estos casos, de los que culpan directamente a la presidenta Dina Boluarte.

La Asociación de Mártires y Víctimas fue presentada en una rueda de prensa celebrada en Lima para "demandar al Estado justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición".

Participaron familiares de víctimas y heridos de las regiones de Puno, Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Arequipa, Junín, La Libertad y Lima, junto a representantes de organizaciones de derechos humanos y defensores legales.

Los integrantes de la asociación dijeron que actualmente tienen un promedio de 180 afiliados, pero aseguraron que muchas otras personas aún no se han sumado por temor, ya que los heridos y afectados suman unos 2.000 en todo el país, según sus cifras.

En ese sentido, exigieron a las autoridades "que se repare a los huérfanos y a los padres de los hijos que han fallecido" y dijeron que esperan que se llegue "a la justicia y la verdad".

Reiteraron que durante la represión de las manifestaciones que se desataron tras la destitución como presidente de Pedro Castillo, después de intentar dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, se produjeron "violaciones flagrantes de los derechos humanos".

Añadieron que el jefe del equipo fiscal que investiga estos la casos se ha comprometido a reunirse con ellos periódicamente, pero remarcaron que quieren "documentos escritos y firmados de los cuales no puedan retractarse".

Por su parte, el abogado Carlos Rivero informó de que en el registro que manejan, que no es oficial, se señala que durante las protestas se presentaron hechos de violencia en al menos 10 departamentos de Perú, por los que hay, por lo menos, 59 carpetas de investigación fiscal.

Sostuvo que los familiares han afrontado una "situación de desesperación por el poco avance de las investigaciones", aunque dijo que en los últimos meses "es cierto que algunas disposiciones que el Ministerio Público ha emitido dan cuenta de que el equipo especial de fiscales ha encontrado un rumbo en las investigaciones".

"En casi todas las investigaciones ya hay policías y efectivos militares" procesados, señaló, antes de decir que en cinco carpetas también se ha incluido a jefes de regiones policiales como presuntos responsables.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennnie Dador, dijo que estos casos aún están en manos de la justicia nacional y "la justicia internacional es subsidiaria".

Añadió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un seguimiento del informe que el Estado peruano presentó el año pasado sobre estos casos, en los que el tribunal internacional consideró que hubo un uso excesivo de la fuerza y pidió que se realicen "investigaciones serias e imparciales".

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