El expresidente peruano Alberto Fujimori debió pasar, en este último año, de imaginarse en libertad a temer que su exclusiva prisión pudiera quedarse sin espacio, tras ver frustrada su excarcelación y recibir a Pedro Castillo como nuevo reo, mientras espera la probable llegada de Alejandro Toledo.

El Tribunal Constitucional (TC) peruano restituyó el indulto humanitario otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y ordenó su liberación de Barbadillo, el penal que desde 2007 lo alberga como único recluso.

Ese fallo del TC, sin embargo, fue invalidado semanas después por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y, así, el patriarca de la familia política más sonada del país no pudo abandonar la cárcel donde, en principio, deberá permanecer hasta 2033, cuando tenga 95 años.

Seguramente en ese entonces, Fujimori no anticipó que acabaría tan temprano compartiendo recinto con Castillo, quien en 2021 derrotó en las urnas a su hija y heredera política Keiko Fujimori, aunque la idea de tener nuevos inquilinos procedentes de las más altas esferas del poder no podía ser tan lejana en un país donde ser mandatario conlleva un alto riesgo de acabar mal.

Y es que casi todos los que ocuparon el sillón presidencial de Perú desde el fin del régimen militar en 1980 han terminado investigados, arrestados o encarcelados, a excepción de Fernando Belaunde Terry (1989-1985) y los interinos Valentín Paniagua (2000-2001) y Francisco Sagasti (2020-2021).

Por encima de todos, destaca Fujimori, quien cumple una condena de 25 de años de prisión por delitos de lesa humanidad y por la gigantesca red de corrupción que, junto a su asesor Vladimiro Montesinos, instauró en el aparato estatal.

Con varias condenas en su haber y juicios aún activos, Fujimori fue sentenciado por haber amparado desde el poder el asesinato de 25 personas, a manos del grupo militar encubierto Colina en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

El padre de la tres veces excandidata presidencial cumple su condena en Barbadillo, el penal creado especialmente para él dentro de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, en el distrito limeño de Ate, a unos 20 kilómetros del Palacio de Gobierno.

En la conocida popularmente como “cárcel presidencial”, el hombre que gobernó Perú con mano de hierro entre 1990 y 2000 no tiene celdas, sino estancias, cuenta con asistencia médica e incluso con un jardín, en un país donde el hacinamiento y la insalubridad es el denominador común en las presas de su libertad.

Según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ese penal puede albergar hasta dos internos, un cupo que cubre preventivamente desde diciembre pasado Castillo, mientras es investigado por su fallido autogolpe de Estado y otros casos de corrupción.

La del maestro de escuela rural no era la primera visita que recibía Fujimori, pero sí la primera de alguien que llegaba para quedarse, al menos por un buen tiempo.

Si no hay imprevistos, Castillo pasará los próximos 18 meses preparando su defensa a pocos metros del matemático de origen japonés al que, a los ojos de muchos, emuló hace poco más de tres meses al anunciar -en su caso, sin éxito- el cierre del Parlamento.

A diferencia de Fujimori, él “no tiene privilegios”, pues “solo tiene una cama, una mesita” y acceso a “un jardín que está seco”, según reveló el congresista Pasión Dávila.

Prácticamente todos los presidentes peruanos que siguieron a Fujimori están procesados desde 2016 por el caso Odebrecht, la constructora brasileña que sobornó a altos funcionarios en una docena de países de Latinoamérica para ganar millonarias adjudicaciones de obras públicas.

Como una suerte de virus, la turbia influencia del caso Odebrecht llegó en forma de acusaciones a los expresidentes Kuczynski (2016-2018), Ollanta Humala (2011-2016), el fallecido Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Toledo (2001-2006).

Este último podría convertirse en el nuevo vecino de Fujimori y Castillo en Barbadillo al estar imputado por haber recibido unos 34 millones de dólares en sobornos de Odebrecht mediante un entramado de sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales adquirió millonarias propiedades inmobiliarias en Perú.

Desde California, donde ha residido los últimos años, Toledo está ahora pendiente de que se resuelva un recurso de apelación que interpuso contra la extradición que le concedió el 23 de febrero pasado el Departamento de EE.UU.

El exmandatario, quien seguirá en libertad bajo fianza hasta que se resuelva dicho recurso, está imputado en su país por haber recibido unos 34 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, mediante un entramado de sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales adquirió millonarias propiedades inmobiliarias en Perú. En concreto, Toledo ha sido investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.

El exmandatario fue detenido en 2019 en California y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de la COVID-19.

Pese a tener capacidad para dos inquilinos, el presidente del INPE, Federico Llaque, aseguró en declaraciones al Canal N que “si le correspondiera (a Toledo), si fuera calificado a Barbadillo, también hay espacio para uno más”. Así, la “cárcel presidencial” podría empezar a quedarse pequeña, multiplicando las posibilidades de que esos tres hombres que un día sirvieron al Perú hoy se crucen por alguno de los pasillos que, seguro, miles de curiosos quisieran que hablaran.