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La multa impuesta a Claro por $ 82 millones fue suspendida
La empresa operadora del servicio telefónico Claro, Conecel, presentó una demanda ante un tribunal de Guayaquil para solicitar la suspensión de la multa de 82 millones de dólares que le impuso la Superintendencia de Control de Poder de Mercado.
La empresa operadora del servicio telefónico Claro, Conecel, presentó una demanda ante un tribunal de Guayaquil para solicitar la suspensión de la multa de 82 millones de dólares que le impuso la Superintendencia de Control de Poder de Mercado.
El tribunal distrital número 2 del Contencioso Administrativo acogió la solicitud y suspendió el pago de este valor.
La Comisión de Resolución de Primera Instancia de la SCPM fue la que sancionó a fines de agosto a la empresa transnacional, tal y como recogió EXPRESO, por no haber cumplido “con la obligación de suspender provisionalmente las cláusulas de exclusividad que constan en los contratos que suscribió con los dueños de los terrenos en los que tiene instaladas radiobases”. La decisión fue calificada de “atropello” por la operadora telefónica.
El conflicto se remonta a inicios del 2013 cuando la Superintendencia sancionó a Conecel con un monto de 138 millones de dólares por considerar que los contratos de exclusividad generaban una situación de monopolio en el uso de las instalaciones de telecomunicaciones. Dicha sanción también fue suspendida judicialmente.
Ahora, la empresa telefónica rechaza la nueva sanción, impuesta por presuntamente no eliminar dichas cláusulas de exclusividad de los contratos, porque, según ratificó en un comunicado, “oportunamente cumplió con la medida preventiva dispuesta por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado”.
Además, la operadora indicó que acudirá a instancias nacionales e internacionales competentes para evitar la “reiterada trasgresión de sus derechos procesales, civiles y de protección a su inversión en el país”. Conecel lamentaba que no se hubieran admitido las pruebas que demuestran que la medida preventiva sí fue acatada.
Además, la empresa considera “que este tipo de sanciones arbitrarias no contribuyen a un buen ambiente empresarial” y que “se requiere certidumbre jurídica para generar empleo e inversión en el país”.