Llega el tercer intento por mejorar al Codigo Penal

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el 10 de agosto de 2014, será nuevamente reformado. El proyecto fue enviado a la Asamblea el 28 de diciembre por el presidente Rafael Correa. ¿Qué cambia? Busca modificar la proporcionalidad en las penas por delitos de comercialización ilegal de hidrocarburos y clarificar lo que debe hacer la Aduana con las mercaderías incautadas.

La solicitud para la modificación vino del propio Correa. Durante un enlace sabatino en Tulcán conoció el caso de un condenado a cinco años de cárcel por contrabando de 40 galones de gasolina. Su hija de 11 años entregó una carta con los detalles de la situación al mandatario. “Se me cae la cara de vergüenza con estos errores en leyes aprobadas por nosotros y en estos momentos procedo a firmar el indulto para este ciudadano”, dijo.

De la elaboración del proyecto se encargó el Ministerio de Justicia. Modifica los artículos 264 y 265. Propone que, para el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal se disminuya la pena de seis meses a un año cuando la cantidad sea menor a los 20 galones de combustible o 300 kilos de gas.

Por este delito, el Código sancionaba con prisión de entre uno y tres años y no especificaba la cantidad del hidrocarburo. Ese castigo, según la propuesta, debe imponerse solo si el combustible es igual o menor al mencionado.

El artículo 265 también será reformado. Se refiere al almacenamiento, transporte, envasado y distribución ilegal en zonas de frontera, puertos marítimos, fluviales o mar territorial.

Sugiere entre uno y tres años de cárcel para la comercialización ilegal menor a 20 galones de combustible y menor de 300 kilos de gas. La normativa vigente penalizaba con cinco y siete años de cárcel. Los cambios también van para regular lo que debe hacer la Aduana con las mercancías incautadas. Propone que la administración aduanera autorice la inmediata destrucción de mercancías perecibles no aptas para consumo humano aprehendidas. Habla de la subasta pública de mercancías en cualquier etapa procesal.

El proyecto es el tercer paquete de reformas al código. El primero abordó infracciones de tránsito y otras relacionadas con el manejo de recursos públicos, señala el asambleísta Luis Fernando Torres. El segundo correspondió a la reforma al Código desde la ley de drogas para sancionar a los microtraficantes, recuerda.

Según el legislador, los tres paquetes “constituyen la prueba más clara que en el COIP se incorporaron sanciones desproporcionadas que ahora tratan de corregir”. El defensor público, Ernesto Pazmiño, opina que el proyecto es solo una reforma superficial.

Opiniones

“Hace falta una reforma global”

El defensor público general, Ernesto Pazmiño, es partidario de una reforma global a la dosimetría penal, que determine la proporcionalidad adecuada de las penas en relación con la gravedad de la conducta. Recuerda que en el debate del Código Penal advirtió “la improcedencia e inconstitucionalidad del incremento desproporcionado de penas sin sustento científico”.

El legislador de CREO, Luis Fernando Torres, considera que las propuestas presidenciales de reformar el Código no resuelven los principales problemas estructurales del Código. Adicionalmente, mencionó que en ninguno de los paquetes se propone la eliminación “de delitos de peligro abstracto como el que tiene que ver con el pánico económico”. MCV