Ley contra las redes sociales

EL 23 de mayo, como uno de los últimos actos de su gobierno, Rafael Correa presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que tiene por objeto controlar a las redes sociales, que son un espacio desde el cual la opinión mundial hace escuchar sus voces sin temor ni favor y desde donde se hace efectiva la libertad de expresión que tanto molesta a los autoritarios y a los déspotas.

Este documento que ya está en la Asamblea Nacional contiene conceptos jurídicos equivocados. Para destacar uno de ellos, hay que empezar por su nombre. Lo llama Ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet. ¿Es posible que una ley se dicte para regular algo? Lo jurídico es que se dicte un reglamento para “regular” una ley. Y lo más sorprendente es que se pretenda dictar una ley para “regular el odio” y la discriminación en redes sociales.

Esto es inentendible. En buen romance podría entenderse que mediante esta ley se va determinar cómo se debe odiar. Lo que resulta insólito por donde se lo mire.

El proyecto de ley en mención sería inoperante porque para nadie es desconocido que los datos almacenados en las diferentes empresas de redes sociales se encuentran en diversos sitios del mundo, hasta donde no puede llegar la ley ecuatoriana. Si esto prospera, sería muy posible que dichas empresas cierren sus servicios en nuestro país.

Este proyecto de ley merece ser analizado en foros públicos para que se anoten las incongruencias y los graves errores de los que adolece. Lo que le corresponde a la Asamblea es disponer su archivo. Y si tal cosa no sucede, el presidente Moreno deberá objetarlo totalmente para que no se viole la libertad de expresión que está consagrada en nuestra Carta Magna y en el Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Finalmente, esta ley no es necesaria. Existen en nuestro país leyes penales que reprimen las conductas que atentan contra la dignidad y el buen nombre de los ciudadanos.