La ley y la justicia
“La ley es la ley” fue una expresión repetidamente utilizada por Guillermo Lasso cuando, años atrás, se desempeñaba como gobernador del Guayas. Una expresión que nos recordaba el deber de acatar las normas reguladoras de la convivencia ciudadana con el poder público. Durante la pasada década, este concepto se degradó y su ética desapareció. Las leyes escritas e impuestas por el correísmo exhibieron un calculado y perverso sectarismo destinado a prevalecer, a permanentizarse en el poder, a justificar el despilfarro como política de Estado y a pretender que nos allanemos, impotentes, a las veleidades, las improvisaciones de gente mediocre e impreparada, condenada inevitablemente al imperio de la corrupción. Su afán de permanencia en el poder no descansaba en sus autoproclamados méritos, sino en el blindaje institucional con que pretendieron cubrir las prácticas dictatoriales y antidemocráticas de un autócrata como Correa. Toda una moral enferma, instrumentando normas legales que protegieran un sistema de gobierno con bases jurídicas monopolizadoras del poder absolutista y necesariamente corrupto. Veamos un caso puntual.
Es sorprendente y contrario a toda moral que a un organismo como la Contraloría General, creado constitucionalmente para velar por la rectitud de procedimientos, para detectar yerros de la gestión pública y para disponer su corrección -y hasta la imposición de sanciones-, se le restrinjan sus facultades contraloras. Extrañamente, se dieron mañas para someter con éxito a la consulta popular la prohibición de realizar segundas auditorías . Contrariamente, no fue de extrañarse que el manejo y destino de la voluminosa deuda pública contraída por el correísmo y que ahora agobia al pueblo ecuatoriano, haya gozado del certificado de buena conducta extendido por una desconfiable Contraloría. Hoy, cuando un contralor subrogante anunció realizar un examen especial sobre la conducta oficial en el manejo de esa deuda, los corifeos del correísmo emergieron exclamando también “ la ley es la ley”, comprobando esta vez que la ley, por sí sola, no implica eticidad, pulcritud u honestidad de propósitos y que bien puede una ley estar al servicio de intereses partidistas.
No se concibe alcanzar la justicia sin el concurso del derecho, de la ley. Por eso es condenable que se valgan del derecho para incurrir en monumentales injusticias . La “partidocracia”, viejo y permanente estribillo del correísmo, con el que pudieron descalificar los tiempos de antaño en que tres o cuatro partidos políticos se disputaban el poder, dio paso al gobierno de un único partido y al más exacerbado y grotesco concepto de dictadura. Los afanes de Moreno por restituir la democracia, retóricos para unos, endebles para otros, confiables para otros tantos, deben ser secundados por las fuerzas democráticas: Moreno dialoga, respeta, privilegia los derechos humanos y está librándonos poco a poco de seres políticos indeseables; ha generado un clima de paz y de aprobación popular que debemos reconocer como piezas importantes de la regeneración democrática. Es hora, sin dudas, de las expresiones jurídicas masivas de la voluntad popular. La consulta es una de ellas y con sus resultados sabremos si nos abrimos a una nueva era donde la participación ciudadana sea cierta, cortando de un solo tajo con la existencia de falsos organismos contralores y acabando con la amenaza de que un nuevo y vicioso ciclo del correísmo aparezca nuevamente.
