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“No prevemos ir a instancias judiciales”

Elecciones. Alejandro Domínguez ocupaba el cargo interino en el organismo por Napout. Ayer en los sufragios fue respaldado.

Para el ministro del Ambiente, las acciones tomadas para recuperar los 41 millones que, a su consideración, se pagaron en exceso al Issfa por los terrenos en Samanes, se han basado en el fallo de la Procuraduría. No está en sus previsiones acudir a las vías judiciales para solucionar la controversia surgida por esa negociación.

¿Qué explicación entregó la exministra Marcela Aguiñaga acerca de por qué se acordó el precio del contrato basado en un avalúo de la Dinac y no del Municipio de Guayaquil?

No me corresponde a mí auscultar a la exministra sobre la base de la cual actuó (...). Será la Contraloría la que consulte con la exministra para determinar qué sucedió y por qué se inobservó la ley.

¿Cree que el pronunciamiento del procurador es de obligatorio cumplimiento para las partes?

Mal haría en omitir o no accionar el término del pronunciamiento del procurador cuando sé que claramente se ha inobservado la ley (...). La pregunta es: ¿por qué el Issfa, siendo una institución de carácter público, no está velando por el bien común de la mayoría, sino que está precautelando intereses particulares de sus asegurados.

¿Por qué se dispuso descontar los $ 41 millones sin orden judicial previa, cuando el contrato establece acudir a un juez cuando no se logren acuerdos luego de la mediación de la Procuraduría?

Yo he actuado en correspondencia y concordancia con el pronunciamiento del procurador solicitando al Ministerio de Finanzas que aplique los mecanismos necesarios para precautelar los intereses de este ministerio. Si el Issfa no se siente satisfecho con el pronunciamiento del procurador, es esa parte la que tiene que acudir a instancias judiciales. Yo invito al Issfa a que acuda a las instancias judiciales si siente que sus derechos de alguna manera han sido afectados.

¿El Ministerio del Ambiente prevé acudir a instancias judiciales para dirimir las diferencias no resueltas por el precio?

Si el Ministerio de Finanzas considera que tenemos que ir a instancias judiciales, pues tendrá que ser parte de los pronunciamientos con base jurídica que ellos también determinen. Mal haríamos nosotros en no realizar los esfuerzos necesarios para que se rectifiquen los mismos. Inclusive he enviado al procurador un borrador de una minuta de contrato que corrige el precio. Si el Issfa cedería a aceptarla, nos evitaríamos cualquier instancia judicial.

Si la Contraloría establece la legalidad de lo actuado en el contrato, ¿estarían dispuestos a devolver esos $ 41 millones al Issfa?

Yo esperaría el pronunciamiento del contralor para poder proceder. Pero, sin duda alguna, si existen dictámenes que a nosotros nos impulsen a actuar en beneficio del interés común, vamos a analizarlo y a proceder con tanta fuerza y firmeza como lo hemos hecho con el pronunciamiento del procurador.