El Issfa demanda $ 113 millones para prestaciones

La próxima semana se normalizaría el trámite de préstamos en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). La entrega de esa prestación se suspendió la semana pasada.

El lunes, el Ministerio de Finanzas se comprometió a regularizar sus aportes. Hasta el mediodía de ayer, sin embargo, no se había efectuado ningún desembolso, confirmó a EXPRESO el vocal del organismo, Bolívar Silva.

El anuncio de la normalización de los préstamos alegró a los pensionistas, militares activos y jubilados. Ayer, la mayoría (personas de la tercera edad) fue hasta el Issfa por medicinas. Pocos fueron a preguntar si ya se habían reactivado los créditos que, según difundió la institución, estarían suspendidos hasta el 10 de abril.

EXPRESO consultó a pensionistas, que accedieron a contar sus trámites pero pidieron omitir sus nombres. Uno de ellos se comunicó con sus compañeros para informarles que la próxima semana recibirían los quirografarios.

Un hombre de 55 años se alegró porque acaba de cancelar su préstamo quirografario y necesita otro.

El régimen especial de protección social del Issfa ampara a 250.000 personas. Hasta la oficina de esta dependencia, en Quito, llegan usuarios de las provincias.

Según el Issfa, en 2015 se entregaron 389.908 millones de dólares en préstamos hipotecarios y quirografarios. Se beneficiaron 43.986 afiliados.

Silva insiste en que se necesitan 113 millones para pagar pensiones jubilares (40 millones) y para financiar las otras prestaciones (73 millones). Entre ellas están la cesantía, el seguro de vida, la devolución de fondos de reserva, de vivienda o mortuorios (ver gráfico).

Pólit habla de posibles sanciones

El contrato de compraventa de los terrenos del actual parque Samanes, entre el Issfa y Ambiente por 41 millones, tuvo “incumplimientos y habrá funcionarios sancionados”. Lo dijo ayer el contralor Carlos Pólit, en Teleamazonas.

Según él, incluso si se hubiesen cometido “errores de buena fe”, los funcionarios públicos deben responder por ellos. Eso sí, descartó que en este caso pudiera existir un delito de peculado.

La Contraloría espera tener el informe final del caso en unos 15 días.