Invasiones, el incierto rumbo urbano

Hasta hace pocos años, cuando alguien preguntaba dónde termina Guayaquil, la respuesta que daban los urbanistas era muy simple: en el lugar en el que los invasores están levantando nuevos barrios.

Hubo un tiempo en el que cada día se levantaban hasta 13 casas en terrenos baldíos. Así nacían los nuevos barrios que agrandaban el mapa de los asentamientos informales en esta ciudad. Una situación que logró controlarse con el funcionamiento de una Secretaría de Asentamientos Irregulares, desde 2012.

“Si antes, cada año Guayaquil recibía un promedio de 5.000 nuevos habitantes provenientes de fuera de la ciudad, ahora ese promedio anual es de 1.000 personas”, dice José Núñez, asesor municipal.

Históricamente, las invasiones han sido la forma prevaleciente del crecimiento en Guayaquil. Se asegura que el 53 por ciento de su área urbana nació por medio de invasiones.

Una situación que en algún momento llevó al alcalde Jaime Nebot a corear ante sus funcionarios el estribillo de una canción muy conocida: “Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo, lucero...”.

Se refería a que los planes de desarrollo que cada año se proyectaban a nivel de infraestructuras urbanas resultaban siempre insuficientes. Cuando la obra llegaba a un sector legalizado, nacía otro barrio, con familias que exigían obras.

Un estudio ejecutado en 2014 por la arquitecta guayaquileña experta en Desarrollo Urbano, Patricia Sánchez Gallegos, determina que las áreas no consolidadas, es decir, los territorios que no responden a una planificación y carecen de algún servicio básico, pasaron de concentrar el 44,34 por ciento de la población en 1990 al 59,52 por ciento en 2010.

Un crecimiento constante que determinó revisar las metas de cobertura en estos 16 años de concesión de los servicios de alcantarillado y agua potable.

“El crecimiento de la ciudad y la legalización de nuevos sectores informales, como fue el caso de la zona de Monte Sinaí, donde están las cooperativas Voluntad de Dios o Ciudad de Dios hicieron que aumentara en esa zona lo que había que dar cobertura”, declaró a EXPRESO esta semana Andrés Mendoza, presidente del directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag-EP).

En alcantarillado sanitario, al momento, la cobertura está en el 92 por ciento. En agua potable, en 2015 se alcanzó el 100 por cien, dice José Luis Santos, gerente de Emapag-EP.

Cada año el Municipio legaliza hasta 15 mil predios. Ese paso conforma el marco legal que permite la ejecución de obra urbana en estos sectores. “El Municipio no puede invertir en una zona no legalizada”, aclara Núñez. Sin embargo, cuando lo hace destina una gran parte de su presupuesto anual a esos barrios.

El presupuesto de este año aprobado por el Cabildo, en diciembre pasado, asciende a 741’1 millones de dólares. De estos, el 77 por ciento son para obra pública.

“De ese porcentaje, el 70 por ciento es destinado a las zonas marginales que se regularizan”, añade Núñez, quien hace una comparación con lo que el Municipio invierte cada año en la Regeneración Urbana: “Apenas el 6 por ciento”. Una ironía cuando desde el plano político y de algunos sectores sociales se cuestiona a ese proceso urbano porque supuestamente, por financiar su ejecución, se desatienden las obras en sectores populares.

La crítica proviene también desde la vertiente del actual Gobierno Nacional, en donde al parecer se patentó una frase cargada de ironía: “modelo exitoso”.

Sin embargo, desde la premisa de los urbanistas, la migración tiene su origen en las ciudades intermedias y zonas rurales. “Es un problema endógeno de Guayaquil. Lo genera el país. Pero la ciudad termina por atenderlos”, analiza Núñez.

Un amparo que implica una inversión. Emapag-EP asegura que por cada familia a la que se legaliza su vivienda hay una inversión de hasta 2.500 dólares (alcantarillado y agua potable). Otra cifra se genera con la infraestructura vial. No se suma a estas lo que el Municipio invierte en los planes de viviendas. Mientras en Quito, se habla de soluciones de no más de 500 casas, la propuesta de Guayaquil más pequeña es de 9.000 (Mucho Lote 2). Hay otros que llegan a los 30.000 (Mi Lote).

El lado bueno de la ocupación irregular

El arquitecto José Núñez, asesor de Urbanismo del Municipio, alega un lado positivo de las migraciones: “Quienes llegan vienen con capacitación y educación implícita, vienen a generar una globalidad de demanda, lo cual mueve la economía”.

Guayaquil ocupa el primer lugar de las ciudades que reciben una migración interna, con casi 5.000 familias cada año. Le siguen Quito, con 500 a 800 familias. En tercer lugar está Cuenca con 100.

Pero el Puerto Principal, además de ser el más poblado, tiene una economía muy fuerte, donde el comercio es la actividad más desarrollada. El censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en 2010 reveló que Guayaquil tiene 87.206 establecimientos económicos (17,4 por ciento del total nacional), que generan 35.507 millones de dólares de ingresos por ventas (21,5 por ciento del país) y emplean a 441.976 personas (21,5 por ciento de Ecuador).