Ingenios cobija lo abstracto

Buenas intenciones. El Código Ingenios, aprobado ayer en la Asamblea, está plagado de principios positivos. Su aplicación, sin embargo, es cuestionada por los principales actores afectados.

La oposición considera que esta novel ley -que regula la ciencia, la tecnología, la innovación y los saberes ancestrales- no aterriza en la práctica.

En este código, que tiene 622 artículos y tardó dos años en elaborarse, el oficialismo articula los conocimientos no solo en el ámbito académico, sino como generadores de riqueza. Y establece derechos y las obligaciones para las partes.

Según el asambleísta Diego Vintimilla, del Partido Comunista, aliado al Gobierno y miembro de la Comisión de Educación, encargada del proyecto, la novedad es que se propone una serie de elementos para la administración pública. Por ejemplo, la gente tiene la opción de comprar una computadora con software libre, explicó a EXPRESO.

¿Hay beneficios más concretos para los ciudadanos? El código es “de beneficio social”. Plantea normas claras sobre los derechos de la propiedad intelectual y el conocimiento, señalan sus impulsores.

Destacan, además, que aunque existe una Ley de Propiedad Intelectual, esta no favorece a los creadores, sino a las empresas donde trabajan. Una vacuna puede costar millones de dólares, pero al investigador le pagan solo el sueldo.

Con Ingenios se reconoce el derecho de los creadores y su acceso a los beneficios económicos de su descubrimiento. Hay mecanismos más ágiles y baratos para registrar las patentes, dice el oficialismo.

La Sociedad de Autores del Ecuador (Sayce) no está de acuerdo. “El código tiene ideología, la mitad de los legisladores no saben qué significa Sayce. Viola tratados internacionales”, dijo David Checa, titular de esa institución.

El bloque mayoritario cree lo contrario y señala otra ventaja para los ciudadanos: la normativa apuesta a la formación y capacitación del talento humano con becas, créditos educativos y ayudas económicas. No señala, sin embargo, las cifras.

Establece, además, el acceso universal, libre y seguro al conocimiento en entornos digitales. Esto implica que el Estado debe garantizar las condiciones para esa universalización. Una cuestión difícil si se considera que hasta hoy el 43,5 % de los ecuatorianos tiene acceso a Internet, según el Instituto de Estadística y Censos (INEC).

Pero la oposición advirtió que el código es demasiado amplio e incluso tiene 22 reformas a la Ley de Educación Superior, que no deberían estar allí. “El objetivo era sustituir una ley de Propiedad Intelectual privada por otra controlada por el Estado. El pensamiento no se controla por decreto”, dijo Wilson Chicaiza, de CREO.