Este jueves 22 de septiembre en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se reinstaló la jornada de trabajo de la mesa de Seguridad, Justicia y Derechos. La Dirigencia indígena plantea al gobierno la revisión de más de 400 casos de personas de sus comunidades que están siendo investigados o han sido sentenciados por actuar político.

Zenayda Yasacama, vicepresidente de la Conaie, a su llegada explicó que hay casos relacionados a las protestas de octubre del 2019 y de junio del 2022 que buscan que sean revisados caso por caso, pero sin injerencia del actuar político. “Realmente no hablan mayores cosas en ese tema”, dijo Yasacama sobre la respuesta que recibieron del gobierno a dicho planteamiento y que este 22 de septiembre es discutida.

En esta mesa también se ha puesto sobre la mesa la consulta sobre posibles sanciones que han recibido quienes, a su decir, reprimieron las protestas sociales del 2019 y 2022. “Queremos saber que se ha hecho, que tipo de investigaciones. Lo que vemos sí, a los represores existía hasta condecoraciones y a los luchadores sociales ni siquiera existe disculpas públicas y reparación integral para nuestros compañeros de lucha que cayeron” dijo Luis Mullo de la Fenocin.

En cuanto a la seguridad ciudadana se cuestionó que el tema vaya a una consulta popular y que se busque extraditar a otros países a quienes estén relacionados en temas de narcotráfico y crimen organizado. “Preguntarle al pueblo ecuatoriano si Estado Unidos debe juzgar a nuestros delincuentes, eso significa que el Estado está fallido, que los organismos de justicia no están funcionando”, argumentó Gary Espinoza, líder de la Fenocin.

En la jornada de trabajo en esta mesa participan representantes del Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado, SNAI, Secretaría de Derechos Humanos.