No hubo justicia para Edison
Eso de disparar bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, o a la cabeza, no era una excepción: era un procedimiento habitual para reprimir manifestaciones durante el decenio correísta. Fue así como acabaron con la vida de Édison Cosíos, el estudiante del colegio Mejía que murió esta semana tras permanecer más de siete años en estado vegetativo como consecuencia de uno de esos impactos. Y a pesar de la tragedia, los antimotines continuaron haciéndolo (está documentado) al menos durante todo el tiempo en que José Serrano se desempeñó como ministro del Interior. Hay incluso una foto, publicada por diario El Comercio, en la que él, Serrano, aparece provocando a gritos a los manifestantes, escondido detrás de dos uniformados mientras un tercero apunta el cañón de su escopeta a la altura de la cabeza. Es una foto de agosto de 2015, el año en que este país vivió la ola de violencia policial más intensa de su historia reciente. Sí, incluido el período de León Febres-Cordero.
El espectáculo de la Policía montada arremetiendo al galope contra una multitud pacífica, repartiendo palo a lado y lado (así fue herida una niña en el parque de El Ejido), es algo que esta generación solo conocía de oídas, del recuerdo de las viejas dictaduras de los años sesenta. Durante las manifestaciones de 2015 ese procedimiento fue, también, ordinario. Ni siquiera en los años del febrescorderismo las calles de la capital contemplaron movilizaciones policiales de las dimensiones y la contundencia que durante el correísmo se volvieron costumbre. Tampoco se conocía ese tipo de represión con dedicatoria, que consistía en identificar a un dirigente entre los manifestantes (para eso había agentes de civil con fotografías en sus teléfonos celulares) y luego rodearlo entre cinco o seis gorilas, molerlo a golpes y abandonarlo en la calzada. Así fue como mandaron al hospital, con varios huesos rotos, al recién electo prefecto del Azuay, Yaku Pérez Guartambel. Está filmado.
Sí: la violencia policial por fuera de toda proporcionalidad fue una política de Estado aplicada celosamente por el ministro José Serrano para reprimir protestas durante la presidencia de Rafael Correa. Una política de Estado que esta semana, con el fallecimiento de Édison Cosíos, acaba de cobrar su última víctima. Que el mismo día de su muerte los correístas pongan el grito en el cielo y se rasguen las vestiduras porque les corrió la Policía cuando un grupo de ellos fue a buscar bronca con palos y piedras; que quienes convivieron con los abusos de Serrano y los avalaron hoy griten “¡Represión, represión!”, se hagan pasar por víctimas y acusen al gobierno de fascista, es solo una muestra de su falta de decencia. Otra, la de esta semana.
Y sobre eso, la miseria moral sin atenuantes: Rafael Correa y José Serrano tuiteando su desconsuelo por la muerte de Cosíos y expresando su solidaridad a la familia. “La situación de Édison siempre fue muy grave”, escribió Correa, como si se tratara de una enfermedad catastrófica. Y Serrano, más bajo aún, cubriéndose las espaldas: “Tan dolorosa esta partida -dice su tuit- como cuando nos enteramos de la tragedia, que la afrontamos para que ese acto no quede en la impunidad”. La afrontaron, sí, culpando al policía, al pobre diablo que no hizo sino seguir una política de Estado. Porque el asesinato de Édison Cosíos tiene responsables políticos. Y esos, sí quedaron impunes.
`La violencia policial fuera de toda proporcionalidad fue una política de Estado aplicada celosamente por José Serrano durante la presidencia de Rafael Correa’.
