Hermana y cunado del rey, al banquillo

La hermana menor de Felipe VI, Cristina de Borbón, y su marido Iñaki Urdangarín se sentarán hoy en el banquillo de los acusados. Llegan ahí por la trama del “caso Nóos”, que juzga la actividad de la fundación presidida por el cuñado del rey y el presunto desvío de 6,6 millones de dólares de fondos públicos. Es la primera vez que un miembro de la familia real española se somete a un juicio, en este caso por corrupción. La infanta está imputada por su presunta cooperación en los delitos fiscales de su marido, quien está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales. Junto a la pareja se sentarán en el banquillo otros 16 acusados, entre ellos, el expresidente de la región de Baleares (archipiélago mediterráneo), Jaume Matas. Ante una fuertísima expectación mediática, el proceso se celebrará hasta junio en un tribunal de Palma de Mallorca, isla mediterránea donde hasta hace unos años la pareja fascinaba cuando acudía con sus hijos, cuatro niños rubios de ojos azules, a la residencia estival de la familia real. Urdangarín, de 47 años y exmedallista olímpico de balonmano reconvertido en hombre de negocios, está acusado de haber malversado más de 6,1 millones de euros (6,6 millones de dólares) de fondos públicos junto con su exsocio Diego Torres. La suma procedía de contratos presuntamente inflados que, utilizando su influencia cuando era considerado ‘el yerno perfecto’ del entonces rey Juan Carlos, obtuvo de dos gobiernos regionales mediante una entidad sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos y que presidió el esposo de Cristina entre 2003 y 2006. El dinero era supuestamente desviado después a varias empresas pantallas encabezadas por Aizoon, propiedad de Cristina y su esposo. Los más de cuatro años que duró la instrucción desveló que el socio de Urdangarín, Torres, fue el autor intelectual, mientras que el entonces yerno del rey fue el gancho para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios y fondos públicos que recibía la fundación creada por ambos. El juez instructor se esforzó durante años por demostrar que la infanta conocía los negocios de su marido, además de beneficiarse personalmente del dinero malversado. Chocó, sin embargo, con la férrea oposición del fiscal que, asegurando no ver indicios de delito, le impidió procesarla por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Así, Cristina está únicamente acusada de defraudar decenas de miles de euros al fisco y solo denunciada por una acusación popular -la asociación ultraderechista Manos Limpias- dado que ni la Fiscalía, ni la Hacienda pública actuaron contra ella. Pero Cristina todavía puede librarse del juicio si el tribunal decide aplicarle la llamada doctrina Botín. Esta jurisprudencia surge a raíz del proceso en 2007 contra el expresidente del Banco Santander, el fallecido Emilio Botín. Y establece que no se puede abrir juicio a un imputado si solo presenta cargos contra él la acusación popular, circunstancia en la que se encuentra la infanta. El fiscal pidió para él 19 años y medio de cárcel. Cristina enfrenta una petición de 8 años. El entorno En juego imagen de Felipe VI El rey Juan Carlos I les había concedido a Cristina y su esposo el título de Duques de Palma, como regalo de bodas en 1997, en el momento de mayor popularidad de la Corona. Un título que les arrebató Felipe VI en junio, un año después de subir al trono tras la abdicación de su padre, arrastrado por una serie de escándalos con este a la cabeza. Ahora, para salvaguardar una imagen que apenas comienza a mejorar, “Felipe VI no puede permitir que haya la menor sombra de duda en el juicio a su hermana”, cree Pilar Urbano, autora de varios libros sobre la monarquía. El proceso debe ser “ejemplar, lo contrario le perjudicaría”, asegura. “La aplicación de la doctrina Botín proyectaría una sombra sobre el juicio; daría la impresión de que la justicia no es igual para todos”, señala Urbano sobre el proceso. Para saber - La vista oral de hoy Es la culminación de una investigación resumida en medio centenar de tomos y 76.000 folios repartidos en 91 carpetas, 14 archivadores y 17 cajas de cartón. - El proceso Comenzó hace ya cuatro años y medio, el 20 de julio de 2010, y en el que está previsto que declaren 352 testigos. - Cobertura periodística 590 profesionales de 84 medios nacionales y extranjeros se han acreditado.