La aparente calma que se vive en el país podría volver a estar amenazada si quienes atentaron contra el Estado de derecho durante las últimas manifestaciones no reciben una sanción ejemplar. Las autoridades ecuatorianas tienen trabajo pendiente para identificar a quienes propiciaron el caos. Sería fatal que los actos vandálicos queden impunes. Quienes incitaron a la violencia y al odio intentado lesionar la institucionalidad deberán responder ante una sociedad que sufrió las consecuencias directas de una protesta que se salió de las manos. Las declaraciones de dirigentes y políticos quedaron registradas en los medios de comunicación, muchas de las cuales son consideradas delitos en el Código Orgánico Integral Penal. La denominada ‘Notitia Criminis’ puede ser un elemento determinante para que la Fiscalía actúe de oficio y promueva una investigación seria, equilibrada y eficaz que le devuelva la tranquilidad al país.

El precio de la estabilidad no debe depender de una minoría cuya dirigencia beligerante pretende imponer su particular visión del mundo. De lo contrario, seguiremos viviendo en una tierra de nadie, donde prevalecerá el vandalismo. No puede haber paz sin justicia, ni consenso sin democracia.