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Hay empresas y cuentas para reparar al Estado

La sentencia por asociación ilícita de la trama de Odebrecht dispuso una reparación a cargo de los ocho condenados, por 33,3 millones de dólares.

Referencial. La Fiscalía propuso una Ley de Extinción de Dominio para facilitar estos procesos.

Todavía no se publica la sentencia por escrito, pero la Corte ya desglosó el monto que cada uno de los siete condenados debe pagar al Estado. En conjunto, deben reparar 33,3 millones de dólares. El trámite pasa ahora por hacer efectiva la sanción para que los sentenciados por asociación ilícita, en la trama de corrupción de Odebrecht, realmente subsanen el perjuicio generado al erario público.

De acuerdo a los bienes y activos sobre los que se dictaron medidas cautelares durante la instrucción por asociación ilícita, los condenados tienen con qué responder. Ya sea dinero en cuentas o participaciones en cuentas. Con la sola excepción del vicepresidente sin funciones Jorge Glas, condenado a seis años de prisión y a abonar siete millones de dólares. Sobre él, no se determinaron montos al solicitarse retención e inmovilización de sus haberes bancarios. No obstante, EXPRESO ya publicó un desglose de los bienes declarados cuando asumió el cargo de vicepresidente en 2013, en el que constaban al menos tres departamentos y un patrimonio neto de 164.723 dólares. Insuficiente para cubrir la sanción de siete millones de dólares.

Respecto de los demás procesados -uno fue declarado inocente y otros cuatro no han sido enjuiciados por estar prófugos- sí se conocen más detalles sobre su capacidad para responder a la reparación, dadas las medidas cautelares que se impusieron en la instrucción fiscal, y que en conjunto suman 101 millones de dólares. A Édgar Arias, la Justicia le exige la reposición de 10 millones de dólares. En las medidas cautelares se estimaron 50,1 millones de dólares. A Carlos Villamarín, le corresponde una reparación de seis millones de dólares, el mismo monto que le fue congelado en cuenta.

La efectividad de las medidas cautelares depende sustancialmente de la asistencia penal internacional, cuando los activos o bienes que se pretenden incautar -y que posteriormente sumarán para la reparación- se encuentran en países diferentes a Ecuador. A este respecto, la Fiscalía, según confirmó a este Diario en su día, ha solicitado asistencia penal internacional en 18 países, entre ellos, en los que los procesados tenían activos.

Asistencia penal solicitada

Panamá

Brasil

Andorra

España

Holanda

Barbados

México

Islas Caimán

Bahamas

Hong Kong

Curazao

Suiza

Uruguay

EE. UU.

Islas Marshall

Austria

Colombia

China

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