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Los sindicatos están alerta ante las acciones del ministerio del ramo.Redes Sociales

Gremio del sector eléctrico, en contra de la creación de un fideicomiso de pagos

Los trabajadores señalan que es intento de privatizar este sector energético

Varias organizaciones sindicales como la Red de Trabajadores de la Energía Eléctrica del Ecuador, el Comité de Empresa de los Trabajadores Empresa Eléctrica Quito y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres denuncian que el gobierno del presidente Guillermo Lasso pretende privatizar el sector eléctrico.

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El gremio afirma que el 26 de junio,  el ministro de Energía y Minas Fernando Santos Alvite, convocó de manera "indelegable" a una reunión de trabajo a los gerentes y presidentes ejecutivos de las empresas: Eléctrica Ambato, Eléctrica Azogues, Eléctrica Centro Sur, Eléctrica Cotopaxi, Eléctrica Norte, Eléctrica Quito, Eléctrica Riobamba, Eléctrica Sur, y CNEL EP. a fin de dar las  directrices respecto a la constitución del fideicomiso de administración de pagos del sector eléctrico. 

En un comunicado la Red de Trabajadores de la Energía Eléctrica del Ecuador, aclara que "la generación de este fideicomiso es parte del proceso de privatización del sector eléctrico ecuatoriano, disfrazado con términos como: monetización, delegación de administración público - privada, concesión, entre otros, acción que ha sido promovida por el gobierno de turno".

El temor de los trabajadores radica en que la generación de energía eléctrica  será ejecutada por prestadores privados y  a través del fideicomiso el gobierno pretendería beneficiar a este sector, pues así  "aseguraría la prelación que corresponde a los pagos que realizan las empresas de distribución, así se aportará la totalidad de la recaudación al fideicomiso, para después remitir los valores con preferencia  a las transmisoras privadas", señalan los trabajadores. 

El documento precisa además que este fideicomiso viola la autonomía de las empresas eléctricas establecidas en el Art. 315 de la Constitución de la República, y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, normas superiores que deben ser respetadas y acatadas por las autoridades de Gobierno. Por lo que se convertirá "en otra instancia concentradora de recursos como EMCO".  El gremio además prepara acciones contra esta medida.