El golpe de los incrementos salariales en Petroecuador

Dos resoluciones tomadas por la administración de EP Petroecuador viabilizaron incrementos salariales para más de 3.500 trabajadores y funcionarios de la empresa estatal, lo que se reflejó en un aumento presupuestario entre 2010 y 2013.

La implementación de reajustes de sueldos en ese período significaron para la petrolera costos operacionales que totalizan 72’379.800,34 dólares.

La Contraloría General del Estado consideró ese monto como un perjuicio económico para la entidad, tras ejecutar un examen especial a la aplicación de dos tablas de remuneraciones que fueron expedidas en 2010 y 2012.

Según información a la que EXPRESO tuvo acceso, el organismo de control predeterminó responsabilidades civiles culposas solidarias (glosas) y administrativas en contra de quienes en su momento ejercieron la gerencia general y la gerencia de Desarrollo Organizacional, así como de otros funcionarios de Petroecuador.

Uno de los glosados es el vicealmirante (r) Manuel Zapater, con quien culminó la era de la administración naval en la petrolera, Durante su gestión como gerente general expidió el 30 de octubre de 2010 una resolución para la vigencia de una tabla de remuneraciones mensuales unificadas de los servidores públicos y obreros en los puestos del plan de carrera.

Esa resolución fue emitida sin contar con la aprobación del directorio de Petroecuador, observa la Contraloría. De acuerdo con la auditoría, la aplicación de la tabla provocó la reubicación de puestos con la variación de la remuneración de 3.538 empleados.

Los nuevos salarios se pagaron durante 19 meses, desde noviembre de 2010 hasta junio de 2012. La Contraloría señala que se produjo un costo empresarial presupuestario por $ 42’785.974,23, cuyo monto lo predeterminó como glosa.

Zapater evitó pronunciarse sobre el caso. Cuando este Diario buscó su versión, manifestó: “Yo no tengo nada que decir. Yo hago mi pelea por mi lado, nada más. No tengo nada que declarar, con la Contraloría tengo que arreglar las cosas”.

Del mismo examen especial se desprende otra glosa por $ 29’593.826,11. Esa cifra equivale a lo que presupuestariamente le costó a Petroecuador la aplicación de una nueva tabla salarial para los empleados de carrera y para personal de libre designación y remoción.

El 14 de junio de 2012, el directorio de la petrolera había dispuesto al entonces gerente general encargado, Marco Calvopiña, la creación de esa nueva tabla a fin de ajustar las remuneraciones para recuperar los valores pagados en exceso por efecto de la resolución expedida por Zapater en 2010.

No obstante, la Contraloría detectó que el nuevo esquema fue aprobado con aplicación retroactiva y sin efectuar la evaluación de desempeño de los funcionarios.

El reajuste incrementó la remuneración mensual unificada de 3.983 servidores, refiere la auditoría. El pago con retroactivos se efectuó a lo largo de 8 meses, desde julio de 2012 hasta marzo de 2013.

Consultado por EXPRESO, Calvopiña destaca que la propuesta de remuneraciones fue aprobada por el directorio y, antes, consultada al entonces Ministerio de Relaciones Laborales. “El Ministerio dijo que no se podían rebajar los sueldos”.

El exfuncionario afirma que no fue glosado por la Contraloría, pero sí multado. Para él, las glosas deben ser contra quienes recibieron el dinero, esto es los trabajadores. “Petroecuador tendrá que hacer todas las gestiones de cobro”, señala.

Las glosas solidarias por más de 72 millones de dólares ya fueron notificadas a los funcionarios involucrados. Ellos tenían un plazo de sesenta días para contestar y presentar las pruebas de descargo.

La actual administración de EP Petroecuador informó a este Diario que el 27 de octubre de 2015 presentó a la Contraloría todos los descargos y argumentos referentes a la aplicación del informe del examen especial.

Puntualiza que desde enero de 2011 y hasta la fecha en la empresa se aplica la tabla salarial aprobada por el directorio mediante la resolución de 2012 y que -según la entidad- fue emitida en conjunto con el entonces Ministerio de Relaciones Laborales.

La petrolera estatal aclara que a la fecha no existe ninguna gestión de cobro iniciada por la Contraloría.

Señala también que continuará entregando la información que la Contraloría requiera y tomará las acciones que el ente de control determine, “en derecho, con base a las competencias que las leyes ecuatorianas y la Constitución de la República atribuyen a la empresa pública de hidrocarburos”.