La Fiscalia indaga en los edificios destruidos

La misión no es sencilla. Determinar si la caída de estructuras en el terremoto del 16 de abril fue por negligencia en la construcción, requerirá tiempo y algo más que una rápida inspección.

Ayer, el fiscal general Galo Chiriboga anunció que se está trabajando en una metodología para avanzar en la investigación. El objetivo: explicar por qué se derrumbaron unas 7.000 casas con el sismo.

Esto, luego de que el presidente Rafael Correa enviara una carta a la Fiscalía pidiendo el inicio de una indagación previa para encontrar si hay responsables de muertes que pudieron evitarse.

La Fiscalía pidió la ayuda de técnicos de la Universidad San Francisco de Quito y la Escuela Politécnica Nacional (EPN). Hasta ayer se esperaba una respuesta de los centros de educación superior.

La investigación tendrá varias fases, explicó Chiriboga. La primera, una recolección de muestras que permita a los técnicos establecer las condiciones de los materiales utilizados en los inmuebles.

El abogado Julio César Cueva dijo a EXPRESO que eso permitiría determinar la responsabilidad del constructor por la calidad de los materiales usados, pero además la aplicación adecuada de estos. “El problema es que para eso hay que ir al sitio. Pero si ya removieron los escombros y le metieron mano, la evidencia se contaminó y no podría ser prueba”, explicó.

Un equipo periodístico de EXPRESO constató que en algunos puntos de Pedernales, por ejemplo, los escombros fueron removidos la semana pasada. Algunos solares quedaron prácticamente limpios.

El siguiente paso en la indagación de la Fiscalía será la verificación de los procedimientos administrativos municipales para entregar los permisos de construcción y verificar si se cumplieron las exigencias.

Con esto, se plantea elaborar un informe técnico “como propuestas en materia del reforzamiento del sistema jurídico municipal para la concesión de estos permisos”, manifestó Chiriboga.

Diego Sosa, especialista en análisis de estructuras de la facultad de Ingeniería Civil de la EPN, explicó que el estudio es largo y no se resuelve con una simple inspección. Además de la recolección de los materiales, hay que hacer un estudio de suelo.

“También un levantamiento de información arquitectónica y estructural de las edificaciones y de eso muchas veces no se dispone”, puntualizó a Diario EXPRESO.

Por eso, Cueva sugiere que la indagación se concentre en edificaciones públicas, que deben contar con un informe de fiscalización, edificios turísticos y otros de concentración masiva como estadios o centros comerciales que sufrieron daños.

La Fiscalía no descartó iniciar procesos legales si, luego de esta indagación, se determina un comportamiento delictivo en alguna de las etapas de la construcción.

Cueva recordó que hay varios escenarios. Uno de ellos es que si la obra tiene más de cinco años de construida, poco o nada se puede hacer porque los delitos culposos prescriben en ese tiempo. “Por mucho que haya estado mal construida, no se puede perseguir el delito”, indicó el abogado. CRR