Fiscalía allana al Isspol por presunto peculado en compra de pruebas rápidas
Operativo. La tarde de ayer se informó del allanamiento en Isspol.
Como parte de una investigación previa por presunto peculado en la compra, con supuesto sobreprecio, de pruebas para Covid-19, se allanó el edificio del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
La investigación está a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía, que informó que para continuar con el proceso investigativo, en la diligencia se incautó documentación original del contrato, ejecutado durante la emergencia sanitaria, por la pandemia.
EXPRESO constató que el 29 de abril de 2020, el Isspol informó en su portal web que nombró una comisión encargada de la adquisición de 40 mil pruebas rápidas para COVID-19, que permitirían detectar un posible contagio inicial o el estado en el que se encontraban los policías que realizaron sus tareas a nivel nacional, en medio de la emergencia sanitaria.
#ATENCIÓN| #Pichincha: Como parte de una investigación previa por peculado en la compra, con presunto sobreprecio, de pruebas para #Covid_19 –a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de #FiscalíaEc– se allanó edificio del #Isspol. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/IEsZhHcHmB
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 5, 2021
El Consejo Directivo del Isspol resolvió, dice el informe, en base a la disposición de la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, “debido a la urgencia por la que atraviesa el país”, nombrar una comisión con asesoría técnico médica de la Dirección Nacional de Salud, para que realice la adquisición de estas pruebas.
Las primeras 1100 pruebas fueron distribuidas en Quito y Guayaquil, y por medio de un protocolo de aplicación realizado por la Dirección Nacional de Salud, se distribuirán a las 9 zonas a nivel nacional.
Un informe de Contraloría al que tuvo acceso EXPRESO reza que en tiempos de pandemia la entidad suscribió un contrato por el valor de 380 mil dólares, el 17 de abril de 2020.
De acuerdo a ese análisis, hubo 15 ofertas en el portal de compras, de las cuales dos proveedores cumplieron con las condiciones económicas, técnicas y legales, pero uno de los oferentes no presentó su oferta definitiva, pues su producto no tenía registro sanitario del país de origen.
Contraloría explica que se acordó un precio promedio de $ 9,48 cada prueba COVID-19 de ese contrato y que Isspol propuso un precio de $ 9,50 más IVA, aunque en esa época se ofertaban hasta en $ 5.
Sobre ese examen del acuerdo Contraloría concluyó que Isspol cumplió con los procedimientos establecidos dentro de las fases del proceso de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución.
