La fiscal Diana Salazar, en entrevista con medios televisivos y radiales, ha alertado este viernes 5 de junio de la fuga de los familiares del prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, procesado desde el jueves por posible tráfico de influencias y con medidas sustitutivas, como muestra de rechazo a que los jueces no hayan considerado de que existe también riesgo de fuga del propio prefecto y le hayan dictado medidas sustitutivas.

"En el caso del prefecto Carlos Luis M. no se ha hecho una valoración objetiva sobre la prisión preventiva, por parte de juez a cargo, sobre todo porque está justificado el peligro de fuga. Sus familiares, que también tiene orden de detención, ya fugaron", señaló en un canal de televisión.

La funcionaria también insistió que en el caso de Abdalá Bucaram se lo procesó por un presunto delito flagrante por el arma encontrada en su domicilio. Por ese caso, por ser un hombre de más de 65 años, recibió arresto domiciliario. Como indicó el jueves, Salazar aclaró que el expresidente es investigado también por presunta delincuencia organizada. En su domicilio se hallaron decenas de cajas con medicamentos e insumos relacionados con la pandemia del coronavirus.

Además volvió a referirse a supuestas amenazas que se habrían generado en la Asamblea. "He recibido 'recomendaciones' para dejar de investigar a asambleístas, ante la amenaza de un juicio político. Si me tengo que ir, me iré con la frente en alto, haciendo el trabajo que se debe hacer", dijo la funcionaria. 

Justamente la madrugada de este viernes se informó de la detención del asambleísta de PAIS Daniel Mendoza por un posible involucramiento en actos de corrupción que se habrían cometido en Manabí. Sería por supuesta delincuencia organizada. Además de Mendoza fueron aprehendidas cinco personas más en operativos cumplidos en Manabí y Pichincha.

El asambleísta Mendoza tiene fuero de Corte que arrastra a los demás sospechosos. Al legislador, quien habría sido encontrado en la vía pública y se habría entregado voluntariamente, se lo relaciona con un grupo de personas que serían beneficiarias ilícitamente de los fondos asignados al Consorcio Pedernales Manabí para cumplir el “Contrato Construcción Hospital 30 camas Pedernales” en 2019. 

El monto aproximado del contrato sería de siete millones de dólares. El caso sería tramitado en la Corte Nacional. En Bahía de Caráquez se levantaron indicios como computadoras, DVR y armas en allanamientos a viviendas. Comandos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Grupo de Operaciones Especiales (GOE) iniciaron el traslado de los detenidos a Quito pasadas las 05:00.

La fiscal espera "que los jueces, en este y en todos los casos, actúen con imparcialidad. La justicia tiene que ser ciega, sin mirar a quien, y tiene que ser valiente. Tenemos la impresión de que este engranaje no está trabajando como corresponde".

El jueves la presidenta del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado señaló que el organismo respeta las decisiones de los jueces y no puede interferir en ellas. Dijo sí que se mantendrán vigilantes que cumplan sus funciones.

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces en un comunicado rechaz las expresiones de la fiscal sobre el caso de Carlos Luis Morales y Abdalá Bucaram "pues desinforman a la ciudadanía y generan descrédito en los jueces", señala un comunicado.