La espera del informe final de Contraloria tensa a la ‘Estatal’

En medio de la tensión de grupos afines y opositores, corren los plazos para directivos de la Universidad de Guayaquil que están señalados en las irregularidades administrativas y civiles predeterminadas por la Contraloría General del Estado.

El informe definitivo sobre responsabilidades por la emisión de títulos fraudulentos en el alma mater estará listo a fines de septiembre.

Esta situación motivó a dirigentes de asociaciones gremiales universitarias, quienes ayer informaron que conformarán una veeduría para dar seguimiento a los 17 informes que mantiene la Contraloría, relacionados con irregularidades.

La medida estuvo acompañada de una marcha que se inició en la ciudadela Salvador Allende hasta la oficina regional de la entidad de control. En ella participaron grupos de docentes, estudiantes y trabajadores, quienes en su recorrido gritaban consignas a favor de los involucrados.

En cambio, la semana pasada, un grupo crítico de las autoridades realizó un plantón para exigir la salida de estas por el incumplimiento de la jubilación complementaria, una supuesta venta de cupos y las anomalías que señalan los informes de Contraloría.

Esa tensión también llevó a integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción de Guayas, hace dos semanas, a la delegación provincial de la Contraloría para conocer cómo avanzan los procesos.

Hasta el 20 de agosto, la universidad deberá presentar las pruebas de descargos sobre supuestas responsabilidades civiles predeterminadas por la Contraloría, las cuales están relacionadas con incrementos de remuneraciones y viáticos, que no fueron justificados con documentación por el área de Talento Humano. Esto sumaría un perjuicio de más de 8 millones de dólares.

A partir de esa fecha, la Contraloría tendrá 60 días para procesar la información y resolver lo que en derecho corresponde.

Ese mismo plazo comenzó a correr desde el 20 de julio pasado, luego de que la alma mater presentara las pruebas de descargo, también, sobre supuestas irregularidades civiles predeterminadas por el organismo de control, que están relacionadas con la emisión de 28 títulos fraudulentos en la Facultad de Jurisprudencia.

En los informes preliminares se determinaron responsabilidades civiles y penales, así como la posible destitución del rector; Galo Salcedo; y del vicerrector académico, Fernando Sandoya. El análisis a los títulos abarcó el período de enero de 2015 a noviembre de 2017.

Rommel Martínez, procurador síndico de la universidad, informó que la entidad seguirá respondiendo documentadamente en los plazos previstos. “Esperamos que se desvanezcan las predeterminaciones señaladas”, puntualizó.

Piden diálogo con entidades

Los vigilantes del proceso

La veeduría ciudadana estará conformada por Marco Suruaga, delegado del Consejo Universitario, por la facultad de Ciencias Administrativas; Efraín Duque y Leonor Murillo, por la facultad de Jurisprudencia; Consuelo Vergara, por la facultad de Comunicación Social; Clemente Moreira, por la Asociación de Profesores; y Hernán Guevara, por los estudiantes de la facultad de Economía.

Ellos pidieron a los representantes del CES, Senescyt y Contraloría dialogar sobre esta problemática que atraviesa la universidad, la cual está en una etapa de acreditación de alguna de sus carreras, que forma parte del proyecto de cambio que le permitiría subir de categoría.

Por su parte, los dirigentes de las asociaciones pidieron a la comunidad en general que se mantenga vigilante para que no se altere el sistema universitario.