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Escandalo que debe investigarse
El caso de la venta de pases en la Policía Nacional pone en riesgo la imagen del Estado y en serio aprieto al Gobierno. Las declaraciones de un excomandante de la Policía, en la audiencia de juicio realizada en la Corte Nacional el jueves 15 de septiembre, añaden datos relacionados con la operatividad de lo que habría sido una red de corrupción. Según aquel, en esta trama figuran como responsables altos funcionarios pertenecientes al Ejecutivo, al Legislativo y a la Función Judicial; además, no tuvo reparo en señalar nombres y posiciones institucionales. En la lista asoman desde ministros, viceministros y subsecretarios, hasta asesores de la Presidencia de la República, pasando por fiscales, integrantes del partido de gobierno y un familiar cercano del jefe de Estado.
El compareciente afirma que el dinero cobrado por los trámites iba directamente al Ministerio del Interior y de ahí se distribuía para costear las movilizaciones organizadas por el oficialismo a lo largo y ancho del país.
Esta dinámica, que ocupa ahora mismo un lugar preponderante en la opinión pública, fue explicada, con suficiencia y detalle, por el exjefe policial. Según él, el listado de pases era introducido a la instancia encargada de tramitarlos, la Dirección de Personal de la Policía, por un teniente que habría actuado en conjunto con una funcionaria de Carondelet. Este teniente habría sido parte del equipo de seguridad de la Presidencia, habría tenido un importante rol el 30 de septiembre de 2010 y habría sido destinado al despacho de esa entidad.
El acontecimiento tiene varias aristas y propicia interrogantes: ¿cómo explican las máximas autoridades del Gobierno el desconocimiento de lo que hacía un miembro de la Policía, integrante del más cercano cuerpo de protección del presidente? ¿Cómo se explica que, habiendo sido el propio ministro del Interior quien denunciara el hecho, ahora lo acusen a él y a sus más directos colaboradores de ser las cabezas de ese proceder? ¿Cuál es el papel que cumplen los organismos de inteligencia que deben velar por el correcto desempeño de los funcionarios públicos, especialmente el de aquellos ubicados en los sitiales más importantes de la institucionalidad estatal?
La ciudadanía requiere una explicación concreta acerca de este preocupante caso que llama a una inmediata acción investigativa por parte de la Fiscalía General, para que quienes resulten responsables reciban una dura sanción.