La designación del superintendente de Bancos se enreda cada vez más. El miércoles 17 de agosto de 2022, el debate estéril se centró en el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Sus vocales acudieron a la Comisión de Transparencia de la Asamblea, integrada por seis legisladores correístas, dos del PSC y ninguno del oficialismo.

Todos acusaron a Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, de “romper la institucionalidad” del país y de “trabajar para el Ejecutivo”.

Sofía Almeida, vocal del CPCCS, fue especialmente crítica con Ulloa. Dijo que los audios filtrados entre Aparicio Caicedo, consejero del presidente Guillermo Lasso, y Raúl González, evidencian su intromisión en el quinto poder del Estado. El audio gira en torno a la renuncia de González, todavía postulante para la Superintendencia de Bancos. Caicedo le dice que no se presente en una sesión porque no habrá quorum. “¿Cómo sabía Aparicio Caicedo que tendríamos una sesión? ¿Quién trabaja para Aparicio Caicedo desde el CPCCS?”. “¿Acaso hay una coordinación entre el señor Ulloa y Caicedo? Esa es una clara intromisión”, dijo Almeida.

Ulloa explicó que la designación de González se cayó por una orden judicial y que él debía acatar la sentencia y que no han existido intromisiones.

El consejero David Rosero también cargó en contra de Ulloa. Dijo que “de manera oficial no existe un proceso de terna para designar a un nuevo superintendente de Bancos”.

Según Rosero, Ulloa “a cuenta y riesgo ha iniciado un proceso de terna, cuando la máxima autoridad del Pleno del Consejo no ha conocido oficialmente ningún trámite de nueva terna, no ha convocado a ninguna veeduría ciudadana”.

Así como es el empeño del Gobierno de evitar que González sea el superintendente de Bancos, el plan del correísmo y del Partido Social Cristiano está enfocado en lograr que González sea el supervisor de las entidades bancarias.

En ese camino se activaron, en las últimas horas, más ataques contra Ulloa. La Comisión de Transparencia pidió a la Fiscalía que lo investigue porque habría incurrido en usurpación y simulación de funciones. Según los legisladores correístas y socialcristianos, esto se habría dado durante el proceso de elección de Ulloa, que reemplazó a la destituida Sofía Almeida, sobrina del legislador Luis Almeida, del PSC.

Horas después se activó la Comisión de Soberanía Alimentaria, en donde tampoco hay legisladores de CREO. Esta mesa aprobó que se llame a comparecer al presidente del CPCCS, “para que dé respuestas claras en torno al proceso de designación de los miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria”.

La pugna por la Superintendencia de Bancos se disputa también en la justicia. En este ámbito, González dijo que espera el fallo de la Corte de Justicia del Guayas, en donde se tramitará la apelación de la acción de protección.

“Yo voy a dar un paso al costado, para que sea la justicia la que determine si el tema de la apelación procede o no procede. Yo voy a apartarme”, dijo González en el programa de radio Un Café con JJ. Pero más tarde, a EXPRESO indicó que lo malinterpretaron. “Mi postura conciliadora era para evitar un mayor caos y que se reconstruyan los diálogos entre el Legislativo y Ejecutivo, pero eso no significa que se renuncie a los recursos legales”.

Desde el frente del Ministerio de Gobierno, la orden es que González no ingrese a la Superintendencia y que ninguna entidad pública lo reconozca. El miércoles, por tercer día, un grupo de policías custodiaba las puertas.

La sombra de la destitución

Si bien la posible destitución de los 70 legisladores bajó de tono cuando el presidente Lasso dijo que para él ese tema no está en análisis, la realidad es que aún hay actores políticos y legales que pueden activarla. Quien tiene esta opción es, en primer lugar, Michelle Guerra, quien presentó la acción de protección por supuestas vulneraciones de derechos en el proceso de elección del nuevo superintendente. Ella hizo que la jueza Larrisa Ibarra frene la designación de Raúl González. En segundo lugar, quien también puede accionar este proceso es el Consejo de Participación Ciudadana. Sobre la decisión su presidente no se ha pronunciado.

• Caos. En el cruce de denuncias, González también fue acusado por el Ejecutivo por posible peculado.