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La empresa Satre organiza cambio de mando de Noboa, servicio adjudicado en $ 500 mil

La Cancillería defiende la contratación, cuya modalidad, precisa es contra liquidación de servicios

La Cancillería defendió la contratación que hizo para organizar el cambio de mando presidencial de mañana jueves 23 de noviembre, que se adjudicó por un monto de $ 553 mil.

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“Históricamente, Cancillería ha manejado los contratos de transmisión de mando en formato contra liquidación, es decir gasto ejecutado”, indicó.

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Agregó que el contrato firmado para esta transmisión de mando es de $ 553.805, como monto referencial. Y aclaró: “Siguiendo la política de austeridad del presidente Lasso, se estima que el monto para la transmisión de mando no superará los 150.000 dólares”.

El servicio de organización de eventos para la transmisión de mando presidencial se adjudicó el 17 de noviembre a la empresa Satre Comunicación Integral.

En el proceso de selección participaron cuatro oferentes y en la parte final de la licitación la comisión técnica aprobó la calificación de dos de ellos.

Entre las actividades que se contemplan en el servicio contratado se realizará una cena de despedida para Lasso y un almuerzo y un coctel en honor al nuevo jefe de Estado, Daniel Noboa.

Esta contratación ha recibido críticas por ciudadanos que observan el monto del presupuesto, ante la mala situación económica.

El nombre de la firma ganadora trascendió años atrás, ya que su gerente y accionista, Elsa Vivanco, fue acusada en conjunto con otras personas en un caso de presunto peculado. Posteriormente, la Fiscalía se abstuvo de acusarla.

La investigación se inició con la denuncia de la Procuraduría del Estado, el 16 de noviembre de 2018. Dicha institución señaló a siete exfuncionarios y a otros dos ciudadanos, entre esos exservidores a Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del Gobierno de Rafael Correa.

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“Los exfuncionarios públicos de la Secom menoscabaron la confianza que, como funcionarios públicos, les obligaba a la correcta administración de los fondos públicos”, se leía en un comunicado de prensa de la Procuraduría.

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