Compras innecesarias, pagos injustificados. La Contraloría General del Estado auditó las declaratorias de emergencia que hizo el expresidente, Rafael Correa, en sus últimos cuatro años de gestión y encontró indicios de responsabilidad penal que ya están en manos de la Fiscalía.

El informe concluye que, a raíz de estas declaratorias, seis entre 2013 y 2017, ministerios como el de Agricultura, Vivienda, Turismo y Salud se embarcaron en procesos de adquisición de bienes, consultorías y contratación de servicios en los que se encontraron irregularidades que habrían generado un perjuicio al Estado de más de $ 1,2 millones.

Según el documento elaborado por el organismo de control, eso se habría hecho “eludiendo los procedimientos de contratación pública, que garantizan las mejores condiciones técnicas y económicas para las instituciones del Estado”.

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El terremoto de abril de 2016 que afectó especialmente a Manabí y Esmeraldas abrió un espacio para este tipo de prácticas, según Contraloría. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP), quien lo presidía en esa época, autorizó la compra de 188.750 fundas de leche en polvo por un valor de $ 528.000. El producto debía ser entregado a los damnificados.

La adquisición se hizo pese a que el Ministerio de Salud solicitó frenar la donación de leche en polvo y fórmulas infantiles debido a la escasez de agua limpia y segura, situación que ponía en riesgo a los destinatarios de estos productos. “La ausencia de coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para la distribución de los insumos, impidió que lleguen a los damnificados, ocasionando que el MAGAP efectúe contrataciones que no aportaron a superar la emergencia”, aseguran los auditores.

En el Ministerio de Vivienda también se aprovechó la emergencia por el terremoto para contratar una consultoría de estudios geotécnicos para la evaluación de seis lotes de terreno en la provincia de Manabí, en los cuales se tenía previsto construir viviendas destinadas a las familias damnificadas. No se utilizaron los productos de la consultoría, por lo tanto, no se pudo justificar su contratación por $ 384.325.

Esto tuvo un doble efecto, según los técnicos de la Contraloría: por un lado se habría causado un perjuicio al Estado y, por otro, restado recursos necesarios para atender la emergencia que provocó el fuerte sismo de abril de 2016.

La cartera de Turismo autorizó la contratación de una consultoría, bajo la figura de Régimen de Emergencia, para desarrollar los estudios de un modelo de gestión de soluciones temporales de alojamiento a los prestadores de servicios turísticos afectados por el sismo.

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“Los productos entregados por el consultor no responden al objeto del contrato. Además, no fueron considerados para el desarrollo de proyectos en el Ministerio, originando una erogación de recursos por 227.771 dólares”, explica Contraloría.

En otro hallazgo, el Ministerio de Salud adquirió succionadores portátiles, concentradores de oxígeno fijos y nebulizadores portátiles. Sin embargo, esta entidad no habría tomado en cuenta para la compra la oferta de menor valor, por lo que estas ayudas técnicas para tratamientos médicos especializados registran un pago en exceso de $ 89.930.

Con esta información, la Fiscalía empezará a investigar y determinar la corresponsabilidad que tuvieron algunos funcionarios y ministros de la década pasada.

✦Los Detalles

Indicios

Los resultados de este examen especial con los indicios de responsabilidad penal llegaron a la Fiscalía General el 15 de noviembre pasado.

Cobertura

A Contraloría le llama la atención que algunas emergencias hayan sido declaradas a nivel nacional, cuando afectaba a zonas específicas.

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Erupción

En 2015 se declaró estado de emergencia nacional por la erupción del volcán Cotopaxi, cuando la afectación era para ciertas provincias, según Contraloría.

✦La cifra

89.830 dólares habría pagado en exceso Salud por ayudas técnicas.