¿Se aproximan demandas masivas al Gobierno por despidos de funcionarios públicos?
Los gremios descartan acciones colectivas pero anticipan miles de demandas individuales y movilizaciones
Las organizaciones sindicales no presentarán demandas colectivas por los 5.000 despidos anunciados por el gobierno de Daniel Noboa, pero cada funcionario afectado puede presentar acciones legales individuales. Miguel García, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, es claro: "a nivel colectivo no se puede hacer porque ya es un reclamo individual del perjudicado". La razón jurídica es que el presidente tiene la potestad constitucional de fusionar ministerios, según el artículo 147, lo que hace que la medida no sea impugnable como tal.
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La abogada Solimar Herrera explica que los empleados que demanden serán casos puntuales de liquidación de haberes, es decir, solo cuando el empleado no esté de acuerdo con lo que se le quiera pagar, ahí se iniciaría una demanda.
Más allá de las demandas por liquidaciones, García cuestionó la falta de evaluaciones individuales en el proceso: "nosotros hubiéramos aspirado que la salida de los compañeros sea en base de una evaluación individual que justifique la salida de los compañeros. No ha sucedido eso, no ha habido tiempo, no hay un estudio personalizado".
Despidos para cumplir con compromisos
José Villavicencio, presidente nacional de la UGT, vincula directamente los despidos con compromisos internacionales: "el presidente Daniel Noboa está haciendo bien los deberes y se está convirtiendo en el alumno del año del Fondo Monetario Internacional". Para Villavicencio, "la desvinculación masiva obedece a una política fondo monetarista multilateral" donde el FMI entrega recursos "a cambio del achicamiento del Estado".
El dirigente de la UGT anuncia una estrategia de confrontación legal y social. "Obviamente están presentadas las demandas de inconstitucionalidad sobre la Ley de Integridad Pública". Villavicencio programa acciones específicas: "vamos a una acción el 7 de agosto para insistir que la Corte Constitucional se pronuncie y el 16 de agosto a una amplia Convención Unitaria", según explicó el dirigente sindical.
La Ley de Integridad Pública, aprobada en junio, enfrenta actualmente 18 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, presentadas por gremios de profesores, médicos y organizaciones sindicales. Los demandantes cuestionan tanto la forma como el fondo de la normativa, alegando violación al principio de unidad de materia y vulneración de derechos laborales fundamentales.
Villavicencio menciona que también "está previsto una acción del Seguro Campesino para el 25 de agosto" y protestas "de diferentes sectores de mujeres, por la eliminación del Ministerio de la Mujer", según indicó el dirigente. Además, hace un "amplio llamado a la unidad de los distintos sectores para enfrentar la política antiobrera de despidos del gobierno del presidente Noboa".
Los gremios esperan que la Corte Constitucional se pronuncie favorablemente sobre las demandas de inconstitucionalidad ya presentadas, lo que podría frenar futuras oleadas de despidos. Mientras tanto, cada funcionario despedido deberá evaluar si presenta una "acción de protección" individual por violaciones a los procedimientos legales o esperar los resultados de la movilización social programada para agosto.
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