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El Gobierno tiene un año para parar y cerrar la producción en el Yasuní.Archivo.

Lasso ‘patea’ el problema del Yasuní al siguiente gobierno

Ministros dicen que el nuevo presidente deberá decidir entre menos subsidios o más impuestos. El Banco Mundial presagia un proceso largo de transición

¿Cómo se implementará el plan para desmontar los pozos petroleros del Yasuní? ¿Cómo se resolverán posibles problemas legales? Y, sobre todo, ¿cómo se reemplazará los ingresos provenientes del petróleo del Bloque 43-ITT? Todo apunta a que esas preguntas deberán ser respondidas por el nuevo gobierno.

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Tras el triunfo del ‘Sí’ en el referéndum de la consulta popular para dejar bajo tierra el petróleo del Yasuní, el nuevo mandatario, Daniel Noboa o Luisa González, deberán contestar esas inquietudes. Ministros del gobierno saliente han mencionado que el próximo gobierno es el que deberá tomar esas decisiones.

El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, ha señalado que durante su gestión no parará o reducirá la producción petrolera, pero dejará un plan para el desmonte de la infraestructura. Cuando la Corte Constitucional (CC) aprobó el referéndum, dio un año para parar la producción petrolera y desmonte de la infraestructura.

En ese contexto, Santos ha señalado que no disminuirá o parará la producción petrolera, pero que sí entregará un plan para el desmonte de las operaciones, para que sea ejecutado por el nuevo gobierno.

Además, el ministro de Energía aseguró que esperan que la CC resuelva una duda legal previo a desarrollar el plan de abandono de la zona: Si bien ganó el ‘Sí’ a escala nacional, el ‘No’ triunfó en Orellana, en donde está el Bloque-43-ITT.

Implementar el proceso para dejar de operar en el Yasuní no será sencillo. En julio pasado, en un reporte del Banco Mundial tras el último crédito por 500 millones de dólares, señaló que si gana el ‘Sí’ en el referéndum,    la producción de petróleo no se detendría hasta 2026 como muy pronto.

Según el Banco Mundial, a Petroecuador le tomaría al menos tres o cuatro años preparar, obtener aprobación e implementar un plan de cierre para evitar efectos sociales y ambientales adversos al detener las operaciones en el campo que actualmente cuenta con más de 220 pozos petroleros.

El organismo multilateral señaló que si se decide dejar de explotar el Yasuní, la próxima administración necesitaría implementar medidas complementarias, como una mayor racionalización del gasto público o movilización de ingresos internos, lo que puede significar subir impuestos.

Con estas medidas ha coincidido el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. “El nuevo mandatario tendrá que buscar una nueva forma de compensarlo, por el lado del ingreso con impuestos o por el lado del gasto, reduciendo subsidios, o una combinación de ambas”, dijo Arosemena este 28 de agosto de 2023.

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Santos también coincide que la mejor vía para compensar la caída de ingresos es la eliminación de los subsidios. El Gobierno de Lasso ha tenido poco éxito en implementar esta medida. Este 28 de agosto de 2023, el titular de la cartera de Estado señaló que el tema lo manejaba el Ministerio de Obras Públicas y luego fue transferido al Ministerio de Finanzas. Además, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) abandonó las mesas de diálogo. Se esperaba una reunión ayer entre Finanzas y el ministro Santos.

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