Economía

Coronavirus: Expertos proponen al Gobierno la suspensión "selectiva" y "temporal" del pago de la deuda

Dos grupos advierten que no hay alternativa ante la crisis económica. Sugieren cancelar el pago para iniciar un proceso de reconstrucción.

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La actividad comercial en ciudades como Guayaquil se ha reducido casi a cero. El comercio y otros sectores productivos ya hablan de pérdidas millonarias en época de emergencia sanitaria.Amelia Andrade / Expreso

En medio de la crisis sanitaria por la presencia del Covid-19 en Ecuador, el Foro de Economía y Finanzas Públicas y el Grupo Cívico Bicentenarios proponen al Gobierno Nacional una docena de medidas. Se trata de acciones van encabezadas con el pedido de suspender selectiva y temporalmente el servicio de la deuda pública, mientras esta es reestructurada. Se debe empezar por detener el pago de $ 1.000 millones de deuda externa, previsto para este mes, apuntan.

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El equipo, conformado por destacados economistas y expertos en opinión política, defiende firmemente que las deudas públicas y privadas de Ecuador deben honrarse; pero ante la actual situación de apremio nacional que se atraviesa, de cuidado de la salud de la población y la estabilidad de la economía, considera que "se vuelve éticamente imperativo y económicamente imprescindible, utilizar en esta hora la única variable de ajuste efectivo que tiene el país". 

Esto —dicen— permitirá no solo iniciar un proceso de reconstrucción y estabilización de la economía, sino además disponer de recursos indispensables para atender gastos e inversiones que demandan la salud, seguridad y prioridades de los ecuatorianos.

En el escenario actual, ambos foros consideran que el Ejecutivo tiene la obligación moral de liberar a la ciudadanía de sacrificios económicos como los recientemente propuestos que "claramente van en dirección contraria y no conducen a la solución de los problemas sino a la profundización de la contracción económica", que será agravada aún más por el peligroso impacto en el sector externo. 

Por ello, los grupos proponen un listado de medidas que, además contemplan liberar el petróleo ecuatoriano comprometido y fortalecer varias áreas productivas. A continuación las recomendaciones: 

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  • Suspender de inmediato el pago de capital e intereses de todos los bonos colocados en los mercados internacionales, que además fueron emitidos bajo muy costosas condiciones financieras. 

  • La suspensión debe comenzar por detener el pago de $ 1.000 millones de deuda externa que se dispone a cancelar este mismo mes de marzo. 

  • Usar el dinero liberado  para proveer recursos económicos oportunos, necesarios y suficientes que permitan enfrentar la emergencia nacional. 

  • Cancelar los valores adeudados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) a fin de que cuenten con recursos de inversión que alientan la economía y permitan socorrer de la mejor manera posible a la población. 

  • Producir con acreedores chinos y tailandeses las acciones efectivas que fueren necesarias para liberar el petróleo ecuatoriano comprometido de manera que el Estado lo negocie y venda libremente.

  • Moratoria fiscal escalonada por 6 a 12 meses de micro, pequeñas y medianas empresas.

  • Que el IESS implemente un plan que permita el diferimiento de obligaciones de empresas y personas físicas que necesiten acogerse al programa.

  • Fortalecer financieramente el BanEcuador BP y la Corporación Financiera Nacional para reprogramar obligaciones y respaldar el mayor número de proyectos. 

  • Desechar cualquier forma de incremento de impuestos, tasas, aranceles, contribuciones especiales o temporales que puedan afectar más a las empresas. 

  • Restaurar los fondos debitados a las empresas petroleras públicas y a la CELEC. 

  • Reducir las tarifas de energía eléctrica que afectan fuertemente los costos de producción. 

  • Fortalecer y reactivar el Plan Anual de Inversiones del Presupuesto General del Estado. Así como alentar al sector financiero a redoblar sus esfuerzos  para mejorar las condiciones en sus operaciones, como la reducción de tasas de interés activas y costos por servicios, para la ciudadanía.