La mañana de este miércoles 30 de marzo de 2022, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó el informe denominado “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo” que, entre sus conclusiones, establece que el Estado tuvo que asumir un perjuicio económico de $ 5.000 millones por la preventa petrolera que el país realizó entre los años 2009 y 2016, a cambio de recibir $ 18.000 millones en créditos de China. 

En el documento, que tuvo 4 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, se tuvo que incluir a última hora ciertas precisiones en la redacción y adjuntar anexos como argumentos de la denuncia, que ubican como causa principal el Decreto Ejecutivo 466, firmado en agosto del 2010, por el entonces presidente de la República, Rafael Correa. Es allí donde se autoriza la realización de convenios de línea de crédito con empresas estatales chinas (Petrochina International Company Limited, Unipec Asia Co Limited y PTT International Trading Pte. Ltd.), para que estas sean pagadas con petróleo ecuatoriano; un recurso que, según se ha dicho, fue entregado a precios que estaban por debajo de lo que establecía el mercado. Según cálculos de Petroecuador, el fisco habría dejado de percibir hasta $ 3,69 por barril. 

La decisión se tomó luego de una largo debate que inició pasadas las 9:30 con la exposición de detalles del informe que fue elaborado por el legislador, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. El asambleísta señaló que solo ese Decreto estaría ya demostrando que el expresidente Correa habría violado la Constitución al contratar deuda pública, para que se pague con petróleo. "Y algo mucho más grave, que se ve en los informes de Contraloría, que esta deuda, que según la Constitución y la ley debía ser destinada exclusivamente para proyectos de inversión, fue desviada a gasto corriente". La Contraloría ha emitido $ 174,7 millones en glosas por este caso. 

Villavicencio recordó que el crudo fue puesto a manos de la multinacional de capital ruso, Gunvor,  firma que se asoció e hizo acuerdos con ING, sucursal Ginebra, Natixis de París, Credit Agricole de Suiza y Société Générale de Francia, con el fin de revender el crudo.

Entre las pruebas que buscan demostrar la irregularidad del proceso, dijo el legislador, está el expediente que, por un caso de lavado de activos, la Corte de Nueva York sigue en contra de Gunvor. Allí se incluye una declaración de un exempleado de Gunvor, Raymond Kohut,    quien admite públicamente   que pagó sobornos y comisiones por al menos $ 70 millones a funcionarios y lobistas ecuatorianos para que empresas asiáticas se adjudiquen contratos de compraventa de crudo en Petroecuador en condiciones muy favorables.

El acta final con la que se aprueba el informe establece que ha quedado identificado "el presunto mecanismo de participación de exfuncionarios, así como de personas jurídicas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, al encontrarse serias presunciones en el cometimiento de infracciones en la suscripción de contratos y operación de los mismos en años anteriores, de tipo penal, civil y administrativo, que merecen ser investigadas en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillemo Lasso". 

La inclusión de estos dos últimos regímenes fue un pedido de los miembros de la mesa legislativa. Una solicitud a la que accedió el presidente de mesa, pues "tiene sentido porque los contratos siguen estando vigentes y siguen operados por el actual Gobierno. Incluso el gerente de Petroecuador hoy está planteando una renegociación  de los contratos", señaló Villavicencio. La Fiscalía deberá investigar incluso si esa renegociación se ha hecho en buenos términos.