Dilma visita a su mentor despues del allanamiento
Un día después de que Luiz Inácio Lula da Silva, su padrino político y predecesor, fuera obligado a declarar por el escándalo de corrupción en Petrobras, la presidenta Dilma Rousseff hizo un gesto esperado por la militancia del Partido de los Trabajadores (PT). Dejó Brasilia ayer para visitar a Lula en su piso, situado en Sao Paulo.
Rousseff, sonriente como hacía mucho que no se la veía, se asomó a la terraza junto a Lula y su esposa, Marisa Leticia, para saludar a los simpatizantes que aguardaban en la calle desde la mañana. Los militantes respondían al llamamiento del propio expresidente, que prometió reaccionar a las denuncias de la Fiscalía con movilizaciones en la calle.
Momentos antes de la llegada de Rousseff, Lula había bajado a la calle para darse un baño de masas con sus partidarios, al igual que hizo el viernes al dirigirse a miles de simpatizantes en el centro de Sao Paulo tras declarar durante tres horas. El expresidente se declara inocente de las acusaciones de haberse beneficiado de la red corrupta que vació la empresa estatal Petrobras.
La presidenta Rousseff también compareció en Brasilia, rodeada de 11 ministros, para expresar su “más absoluto desacuerdo” con el interrogatorio a Lula. Su declaración, sin embargo, despertó recelos entre los seguidores del exmandatario, que consideraron que Rousseff se centró más en defenderse ella misma del último de los escándalos que la acechan. La visita diluye, de alguna manera, esas críticas.
Rousseff también afronta una situación difícil y considera prioritario detener cualquier avance que pueda reforzar la petición de destitución que impulsa la oposición. La presidenta, además, se ha visto afectada por la operación Lava Jato, ya que un senador del PT, detenido por intentar boicotear las investigaciones, afirmó en una declaración -que aún no ha sido formalizada ante la Justicia- que Rousseff estaba supuestamente al tanto de la trama.
La imagen de Lula y Rousseff busca acabar con la impresión de que en medio de la crisis, ambos están más interesados en su propia supervivencia política que en la necesaria solidaridad.
Mientras, la decisión adoptada por el juez de la operación Lava Jato, Sergio Moro, ha suscitado dudas legales, informa Rodolfo Borges. “El investigado no tiene la obligación de declarar. Este procedimiento fue absolutamente irregular, inconstitucional”, sostiene sobre el interrogatorio el expresidente Thiago Bottino, profesor de Derecho Penal de la escuela FGV en Río de Janeiro.
En una entrevista a la BBC Brasil, el exministro de Justicia José Gregori, que ocupó el cargo en la etapa final del Gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, dijo que no conocía “la figura de la conducción coercitiva sin que haya habido antes una convocatoria”, en referencia al traslado de Lula para declarar tras el registro a su vivienda.
Para Walter Maierovitch, exsecretario nacional Antidrogas, que también sirvió durante el Gobierno de Cardoso, la conducción coercitiva de Lula fue “ilegal, sorprendente y preocupante”. El juez Moro defendió su actuación y aseguró que la obligación de declarar con escolta de la policía era una medida para “proteger” a Lula.
El nombre de Lula siempre fue el preferido por los altos cuadros del PT para disputar las elecciones de 2018, en la que se elegirá al sucesor de Rousseff. La militancia del PT, que ha proclamado a Lula como su candidato favorito en diferentes actos públicos, comenzó a desvincularse del Gobierno actual e, incluso, algunos dirigentes critican al régimen.
