Derechos para todos

No solo mediante vulneración directa de valores morales e incautación de bienes materiales se puede esclavizar a una sociedad. También se lo puede hacer mediante una avalancha de “derechos” promulgados de tal forma que la sociedad no se dé cuenta de que estos “derechos colectivos proselitistas” desplazan y niegan los derechos auténticos: el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Esto se logra desviando el concepto de derecho del terreno político al económico. Así es que políticos defienden el derecho a una “justa” remuneración cada vez más elevada, a una vivienda “decente” subsidiada, a una “buena” educación gratuita, a la atención médica y a la salud gratuita, el derecho a gozar de un “justo” precio por los comestibles, etc. En principio el discurso político parece correcto y solidario, pero, la gran pregunta es: ¿derechos a costa de quién? ¿Quién paga estos “derechos”?

El derecho de un hombre no incluye la materialización del mismo por parte de otros hombres; solo incluye la libertad personal e individual de lograr esa materialización a través de su propio esfuerzo. El Estado tiene la obligación de crear, fomentar y mantener permanentemente un ambiente favorable para que todos tengamos la oportunidad de ver cumplidos esos derechos si nos esforzamos lo suficiente.

Los empleos, la vestimenta, la comida, la vivienda, el cuidado médico, etc., no surgen de manera espontánea. Son bienes y servicios producidos por el trabajo de un hombre. Para que algunos hombres tengan “derechos” sobre ellos, solo por mandato de una ley, o lo que es lo mismo, “derechos” sobre el trabajo de otros hombres, es preciso que al productor se le quite todo o parte de ese bien o servicio, minando sus derechos a gozar de él en su totalidad.

Ningún hombre puede tener el derecho de imponer a otro una obligación no elegida. Cualquier supuesto “derecho” de un hombre que requiera la violación de los derechos de otros no es ni puede ser un derecho. No existe el derecho a esclavizar. La solidaridad social tiene que ser voluntaria, no impuesta.