Demoliciones y reparaciones

Es tan hermoso como antiguo. La gente suele pararse frente a él y fotografiar sus ornamentos y amplias ventanas. Pero el edificio de construcción mixta, ubicado en la esquina noreste de las calles 10 de Agosto y Pío Montúfar, en el centro de Guayaquil, hoy también llama la atención por la enorme tela que intenta cubrir todo el piso superior dañado.

De tres pisos y cuyo dueño, Víctor Arellano, no sabe por qué las autoridades nunca lo incluyeron entre los bienes patrimoniales de la ciudad, la edificación es hoy parte de una lista, pero de los inmuebles que luego del terremoto del 16 de abril deben ser reparados y, en algunos casos, demolidos.

Los plazos otorgados por el Municipio a los dueños de estos bienes están por vencerse y por eso el centro de la urbe, donde se levanta la mayoría de edificaciones antiguas, experimenta hoy una intensa actividad constructiva y de derrocamientos.

Por ejemplo, el inmueble de los años 50 con el N° 309 de la calle Pío Montúfar, acaba de ser intervenido en sus columnas y vigas; y tres calles al oeste, en 10 de Agosto y José de Antepara, los hermanos Malucín Orellana supervisan la demolición de su casa esquinera que amenazaba con caer sobre los transeúntes.

Este sector de Guayaquil también vive su proceso de reconstrucción aunque en niveles muy inferiores a los que experimentan las ciudades manabitas. Acá se han demolido unas 15 edificaciones que representaban peligro, y a la vez se han reparado otras tantas que, con el sacudón de tierra, sufrieron daños estructurales o en sus mamposterías.

En total, Guayaquil sufrió daños en 250 de sus edificaciones. De ese número, 40 tenían problemas estructurales y solo 10 habían hecho las reparaciones un mes después del sismo; mientras que las restantes 210 presentaban deterioros entre moderados y leves. El Municipio notificó por igual a todos sus dueños para que los reparen.

Los plazos, ya sea para recuperar o demoler fenecen este mes y muchos no pueden cumplir por falta de dinero. Es el caso de Arellano, quien tiene paralizados los arreglos de su aún atractivo inmueble.

El maestro Enrique Bustamante, con 20 años de experiencia en demolición de estructuras, dice que por derrocar en forma artesanal una casa de dos a tres pisos cobra mínimo $ 3.500.

“Ese valor no incluye los materiales necesarios como sogas, andamios y toldas para cubrir la obra y evitar molestias a terceros, lo cual redondea en $ 5.000 el costo”, agrega Bustamante, quien en estos días trabaja en el derribo del inmueble de la esquina de Riobamba y Quisquis.

Un derrocamiento mecánico (usa maquinarias como tractores, bobcat...), cuesta hasta $ 6.000 y es más o menos el monto que cobra el Municipio por hacer el trabajo que no hacen los propietarios cuyos bienes están a punto de colapsar.

José Núñez, asesor de la dirección municipal de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, dice que ellos están conscientes de la dura situación económica y por tanto a quienes no pueden ejecutar obras, se les está pidiendo que al menos tomen las medidas de precaución para que sus edificaciones no representen riesgos para la ciudadanía.

Al respecto, Luis Alfonso Saltos, arquitecto con una maestría en Planificación Urbana y Regional, sugiere que el Municipio otorgue incentivos diferenciados para estos propietarios, a fin que puedan realizar las obras necesarias. Se requiere -agrega- un estudio socioeconómico dependiendo de las características de los inmuebles y las posibilidades económicas de los dueños.

El desalojo de escombros es también muy oneroso y en esto los afectados quieren tomarle la palabra al Municipio, que ofreció públicamente ayudar con sus camiones sin costo alguno.

Aparte de esta situación, quienes aún viven y trabajan en la zona se preguntan qué pasará con tantos solares baldíos que están quedando allí y que afean al ornato. Agentes inmobiliarios recuerdan que el centro dejó de ser atractivo para vivir, por lo que estiman que cuando la situación económica mejore, quienes inviertan en esos predios será para construir locales comerciales.

Saltos propone otra fórmula: una construcción progresiva que permita a los propietarios construir por etapas y dependiendo de su capacidad económica. Además, plantea motivar la generación de emprendimientos con los cuales obtener recursos para concluir las nuevas edificaciones. “Es una posibilidad de generar un nuevo concepto de economía urbana”.