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Demandantes van con pesimismo a la Corte, por las enmiendas
No hay plazo que no se venza, ni fecha que no se cumpla. El refrán popular calza perfecto para los 10 colectivos y actores que demandaron la inconstitucionalidad de las enmiendas a la Carta Magna.

No hay plazo que no se venza, ni fecha que no se cumpla. El refrán popular calza perfecto para los 10 colectivos y actores que demandaron la inconstitucionalidad de las enmiendas a la Carta Magna.
Ellos fueron llamados el jueves a la Corte Constitucional. Deberán sustentar sus argumentos en una audiencia pública. El organismo de control constitucional se ‘tomó su tiempo’ para convocarlos: las enmiendas se aprobaron en diciembre de 2015. La primera demanda se presentó ese mismo mes.
La audiencia se desarrollará casi diez meses después. Alfredo Ruiz, juez y presidente del organismo constitucional, estará a cargo.
Quienes demandaron los cambios a la Constitución argumentaron diversas violaciones: desde el respeto a los derechos de los trabajadores, las atribuciones de los gobiernos locales o de la Contraloría, o las competencias de las FF. AA.
La Corte, sin embargo, unificó el trámite en uno solo.
Así Ruiz escuchará a los demandantes, pero también a la defensa de la Asamblea, de la Presidencia y de la Procuraduría. Luego emitirá un informe que pasará al pleno de la Corte para una resolución.
¿Qué opinan los demandantes? La mayoría critica la demora de la Corte en el trámite, así como la “la sumisión” del organismo con el Ejecutivo.
“La Corte ha demostrado ser reverente al poder. Hará lo que le convenga a la Función Ejecutiva. Esta vez no veo que haya ninguna diferencia”, dijo a EXPRESO el asambleísta Luis Fernando Torres, de la alianza PSC-Movimiento Cambio. Él demandó varios artículos por el fondo y por la forma: cree que la Asamblea incorporó cambios que no debía.
Y es pesimista. No cree que la Corte se pronuncie en contra de las enmiendas. Y tampoco estima que se pueda hacer algo más al respecto.
Pablo Serrano, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), también es uno de los demandantes. Ayer contó a este Diario que están preparando la defensa: los sindicatos defienden la vigencia de la contratación colectiva en el sector público.
¿Su expectativa? Como Torres, cree que es imposible que los jueces acepten la demanda, más aún cuando todas ellas están siendo aplicadas.
El director nacional del movimiento Unidad Popular, Giovanni Atarihuana, y el presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, Jaime Arciniegas, son igual de escépticos.
Ellos creen que la única manera de lograr algo es llevando el caso a instancias internacionales. Atarihuana apuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él asegura que las enmiendas violan el derecho de los trabajadores a agruparse.
Arciniegas tiene su esperanza puesta en la Organización Internacional del Trabajo. Después de la Corte, irán a ese organismo para que exija al país cumplir con los acuerdos que se han firmado sobre contratación colectiva. (RRG)