Los delincuentes con corbata deben ser juzgados y devolver lo robado

Cuando el sistema de justicia no funciona, la impunidad reina y los pícaros que se apoderan de recursos públicos circulan libremente porque tienen etiqueta de intocables; están por encima de la ley. Por desgracia, en nuestro país exautoridades y exgobernantes acusados de cometer presuntos actos de corrupción y haber ocasionado grave perjuicio a las arcas del Estado, se han declarado cínicamente “inocentes”, a pesar de las contundentes pruebas del cometimiento de los delitos (enriquecimiento ilícito, peculado, cobro de millonarias coimas o sobornos, etc.), lo que ha causado asombro e indignación en la colectividad. La fiscal Salazar y el contralor Celi tienen que velar para que termine la impunidad que imperó durante la última década, juzgar y condenar a los responsables de los atracos al erario nacional, e impulsar investigaciones para recuperar el dinero robado que se encuentre en paraísos fiscales o a nombre de testaferros. Los pillos con corbata no tienen patente de corso y deben pagar por sus fechorías como delincuentes comunes: en la cárcel. Con mayor razón si según estimaciones, por la corrupción política se ha perdido solo en el Gobierno anterior la exhorbitante cifra de $ 70.000 millones que bien hubiera servido principalmente para invertir en salud (gente con enfermedades catastróficas que muere por falta de plata para comprar remedios), educación (precarias escuelas rurales) y vivienda (casas de caña en peligro de desplomarse con la estación invernal).

Alfredo Muñoz