Documento. El secretario jurídico Alexis Mera fue recibido por Alfredo Ruiz, presidente de la Corte Constitucional.

La Corte tiene 20 dias para aprobar pregunta de Correa

La pregunta está planteada. El Gobierno quiere evitar, a toda costa, que los ecuatorianos que tienen bienes y capitales en paraísos fiscales ocupen dignidades de elección popular o cargos públicos.

La pregunta está planteada. El Gobierno quiere evitar, a toda costa, que los ecuatorianos que tienen bienes y capitales en paraísos fiscales ocupen dignidades de elección popular o cargos públicos.

Puntual, a las 09:00, llegó ayer el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a la Corte Constitucional para entregar, por escrito, la interrogante que se podría incluir en las elecciones de febrero.

La pregunta incluye una transitoria. Si triunfa el ‘sí’, se dará un año de plazo para que esos bienes sean repatriados, caso contrario vendrá la sanción: destitución del cargo.

¿La consulta es con dedicatoria para Guillermo Lasso, precandidato presidencial de CREO? Mera dice que no. Que en nueve años han hecho varias reformas legales para luchar contra los paraísos fiscales. Que incrementaron los impuestos para los capitales en el exterior, pero que las revelaciones de los ‘Panama Papers’ obligan a tomar medidas más drásticas.

“El señor Lasso no tendría inhabilidad para presentar una candidatura. Si gana las elecciones, algo que para mí es casi como si ganara el Deportivo Quito la Libertadores, tendría un año para retornar sus bienes”, comentó el secretario.

La Corte tiene 20 días para calificar la constitucionalidad de la pregunta. Si es aprobada se notificará al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que prepare la consulta popular.

El abogado constitucionalista Salim Zaidán, no pone reparos a la potestad que tiene el presidente para llamar a la consulta, pero sí al contenido de la pregunta. “Tiene una carga que induce al elector a una respuesta. Si la Corte aplica los filtros de forma correcta, no debería superar este control”, dijo a EXPRESO.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, recordó que “hacer inversiones fuera del país es totalmente legal. Ahora, que se constituyan compañías en el exterior con el fin de lavar activos y defraudar, es otra cosa, pero eso debe ser demostrado”, puntualizó.