La Contraloria va tras $ 43.932 millones

El valor total de la deuda pública comienza a disiparse. La Contraloría tiene 180 días para descubrir el monto real de compromisos adquiridos y, de paso, contestar a las dudas de sectores sociales, expertos y la oposición.

El examen especial de Contraloría -muestra la orden de ejecución- analizará la deuda adquirida desde 2012. Según el Ministerio de Finanzas, en ese periodo ingresaron 43.932 millones de dólares al presupuesto general del Estado.

La cifra recoge, sin embargo, solo algunos ítems. Emisiones de bonos de deuda interna -que en su mayoría compró el Seguro Social-, préstamos bilaterales, emisiones de bonos externos y créditos de entidades bancarias del exterior están dentro del monto registrado por Finanzas (ver cuadro).

Quedan por fuera las facturas sin pagar a empresas petroleras privadas, preventas de crudo, incumplimientos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y a los jubilados del sector público.

Según el presidente Lenín Moreno, tomando en cuenta esos rubros, Ecuador tiene una deuda total de cerca de 58.000 millones de dólares.

No es la única cifra para Contraloría. El pedido de examen especial dice que la investigación se extenderá a otras entidades que utilizaron recursos de deuda. Municipios, prefecturas y empresas públicas que contrataron compromisos.

Eso incluye, por ejemplo, a las empresas petroleras. Petroecuador y Petroamazonas acumulan, según datos de la Presidencia de la República, más de 8.000 millones de dólares en pagos incumplidos.

El Observatorio de Política Fiscal espera que el examen -que tomará 180 días laborales- clarifique cuánto debe Petroecuador por preventas de crudo.

El Frente de Jubilados, en cambio, tiene su mirada puesta en los compromisos con el Seguro Social. Édison Lima, presidente de la agrupación, pidió que la Asamblea intervenga en la pugna de valores entre el IESS y el Ejecutivo. Según el primero, la deuda suma 3.640 millones de dólares. Para el Gobierno son solo 2.528 millones. Lima asegura que el monto sería mayor.

Los jubilados del sector público son otro segmento que quiere transparencia. Ellos esperan no solo que se defina el total a pagar -unos 1.100 millones de dólares, según el Ministerio de Trabajo-, sino que se defina un mecanismo de pago.

La Contraloría, además, tiene otra misión. El examen revisará el destino de las deudas adquiridas para destapar, de ser el caso, irregularidades.

Héctor Yépez, asambleísta de CREO, critica el manejo de las investigaciones por corrupción. Él espera que los nuevos análisis den mejores resultados. Según dijo, “cuando no se roba, alcanza para todo”.

El expresidente Rafael Correa se siente aludido y responde, como es costumbre, en Twitter. A sus ojos, el examen de Contraloría es ilegal. Él cree que la entidad de control es un “instrumento de persecución”.