Contradicciones clamorosas

Cada vez nos sorprenden más, por su incoherencia intrínseca, ciertas iniciativas del presidente Lenín Moreno realizadas como actos de su gobierno. Ocurrió así con su propia decisión y diligencia de efectuar la limpieza de las evidencias de los daños ambientales causados por las petroleras norteamericanas Chevron-Texaco, lo que podría perjudicar el reclamo planteado por un grupo de perjudicados originarios de la selva amazónica ecuatoriana que, habiendo obtenido sentencia favorable en los tribunales del país aún no pueden ejecutarla en el exterior por las artimañas de las demandadas. Y ocurre también de algún modo con el proyecto de reperfilar la deuda pública de los Bonos 2020, cuyo valor se ubica aproximadamente en 105,46 % en estos días, con la emisión de bonos de mayor plazo hasta 2029, proyecto que beneficia únicamente a los actuales tenedores, según advierten analistas de la operación que, como era de suponer responde al pedido del FMI, con el presunto objeto de mejorar las condiciones de endeudamiento del país, mientras por su parte el Gobierno incurre en supresiones de plazas de trabajo en el sector público, que aumentan la tasa de desempleo y el descontento popular.

Pero la mayor contradicción está en la iniciativa del presidente Moreno de derogar el Impuesto Verde mediante un proyecto de ley enviado a la Asamblea -que al parecer controla- en busca de dar de baja el Cap. I, Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, del título Impuestos Ambientales de la Ley de Régimen Tributario Interno. Según habría dicho, ese tributo, vigente desde 2011, “no cumplió con el objetivo de impulsar conductas sociales que sean ambientalmente responsables”. Pero en lugar de tomar el toro por los cuernos y hacer él la tarea supuestamente incumplida por su antecesor, opta por la salida insólita de echar por los suelos una valiosa norma de protección ambientalista, porque no vemos que los ingresos que genera el Impuesto Verde sean compensados por otro rubro similar propuesto por el Gobierno, lo cual ha sido siempre una exigencia de orden legal y por tanto constitucional, para que, aun en lo formal, proceda el acucioso pedido del presidente Moreno, que no sabemos a quién trata de favorecer, porque a favor del pueblo no es.