El conflicto con los shuar suma nuevos detenidos

Van 10. Son los procesados judicialmente por los incidentes registrados, hace quince días, en el campamento minero La Esperanza, del proyecto minero San Carlos-Panantza, ubicado en Nankints (Morona Santiago).

De ellos, seis están detenidos y cuatro recibieron medidas sustitutivas. Los últimos que se sumaron a la lista fueron dos profesores del centro Shuar Sunswint y un campesino, detenidos el miércoles por la tarde. También están investigados Agustín Wachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) y la hermana del presidente de la junta parroquial de Panantza.

Ellos están inmersos en cuatro procesos: tentativa de asesinato (el 21 de noviembre), asesinato (14 de diciembre), terrorismo, que fue reformulado al delito de receptación, e instigación a la discordia.

Pero no serán los únicos detenidos ni los únicos casos. En Morona Santiago, militarizada desde la semana pasada, la búsqueda de los supuestos responsables por la muerte de un policía y las heridas a otros siete uniformados no se detiene. Lo confirmó a EXPRESO Luis Ángel Saavedra, activista de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos.

Esta organización, con su abogado Tarquino Cajamarca, se hizo cargo de la defensa inicial de los detenidos. El traslado de cinco de ellos a la cárcel de Latacunga provocó que, cada uno, cuente con defensores particulares, informó Cajamarca.

Además de la actuación jurídica, Saavedra destaca que se inició una campaña en redes sociales para buscar respaldo nacional e internacional a la causa shuar.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana se sumó a esos llamados. En un comunicado, pidió “depongamos toda violencia y nos sentemos a dialogar frente a los hechos lamentables ocurridos en Morona”. Y añadió que hubo solidaridad con las familias de los fallecidos, con los heridos y el acompañamiento con oraciones a todos, en especial al vicario de Macas que promueve el diálogo.

La Fiscalía investiga secuestro

La retención de 11 militares en la comunidad Sarayaku motivó el inicio de una investigación previa en la Fiscalía. Su liberación se dio luego de la firma de un acta entre la Gobernación, los militares y los comuneros.

Ayer, las oficinas de la comunidad en Puyo, Pastaza, fueron visitadas por la fiscal Jéssica Delgado para coordinar un reconocimiento del lugar de los hechos.

Los miembros de la comunidad informaron que estarán atentos al proceso abierto por la Fiscalía.