Colision por indagacion fiscal

El fiscal Carlos Baca Mancheno está bajo investigación. La segunda al mando en la institución, Thania Moreno, mantiene abierta la investigación previa por un supuesto delito de peculado. Para él, el proceso “carece técnica y procesalmente de todo sustento”.

Ellos no son cercanos. Moreno es la fiscal subrogante, pero no tiene funciones específicas que justifiquen el cargo. Para Baca Mancheno, ella es la fiscal de Pichincha y “es mi subrogante en caso de ausencia temporal o definitiva mía”, dijo a EXPRESO a inicios de enero.

El fiscal compareció ayer ante la prensa rodeado por su equipo (Fabián Salazar, Wilson Toainga, Diana Salazar y Byron Granda), pero no aceptó preguntas.

Su primera afirmación fue que “no existe ningún indicio de responsabilidad penal contra el fiscal general”. Por lo tanto, aseguró, tampoco existen motivos para la investigación por peculado. Según dijo, “la apertura de esta investigación (...) responde no a un propósito judicial o político, sino al cumplimiento de órdenes de oscuros personajes y sectores que han asolado al país”.

No dio nombres, pero dio una pista: “hay personas potencialmente involucradas con fuero de corte”. Solo las máximas autoridades del Estado tienen fuero.

Solo mencionó, con nombre y apellido, al excontralor Carlos Pólit. El fiscal parece estar seguro de que detrás de esta denuncia está el exfuncionario procesado por corrupción en la trama de Odebrecht (ver nota adjunta).

Judicialmente el caso inició el lunes. El político Andrés Páez y el activista Fernando Villavicencio pidieron un acto urgente a la fiscal subrogante para que investigue un supuesto informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal contra Baca Mancheno. Lo acusaron de haber recibido pagos con fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia (Senain) por su participación en la comisión que investigó el 30S.

Moreno inició la investigación el martes. Ella pidió información a la Senain, a la Contraloría y a la misma Fiscalía General. El viernes recibirá la versión de Villavicencio.

La fiscal no tiene intenciones de detenerse. “Se seguirá con las diligencias técnicas y, como siempre, con lo que se obtenga haré lo que corresponda en ley”, dijo a este Diario. Se ampara en el Código de la Función Judicial que establece que la investigación preprocesal y procesal en contra del fiscal general corresponderá al fiscal subrogante.

Y recordó que existe una denuncia de Páez y Villavicencio. Según Baca Mancheno, no se trata de una denuncia sino de un acto urgente. Él se tomó cerca de 20 minutos para intentar demostrar que el informe en el que ellos basan su denuncia es falso. Lo calificó como un “pasquín de copias simples de un documento cuyo origen se desconoce”. De su lado está el contralor subrogante, Pablo Celi. Es un documento, dijo ayer, que “no consta en el archivo documental de la Contraloría”.

Los protagonistas

Fabricio villamar, asambleísta del movimiento CREO

Lo que termina siendo oscuro es que haya dudas sobre las autoridades de control. El grave problema es que tienen la tendencia de disfrazar como reservados los documentos que implican actos de corrupción.

Andrés Páez, político y excandidato a la vicepresidencia

Baca debería estar agradecido de la oportunidad que tiene de explicar su actuación en la funesta Comisión

30S que tanto dolor y lágrimas ha provocado en familias de policías inocentes.

Fernando Villavicencio, activista político

La indagación es la mejor oportunidad para transparentar la operación de la Comisión 30S y los gastos especiales de la Senain. Mal haría el fiscal Carlos Baca en oponerse. Quien nada debe nada teme.

Documento

El caso del oficio 37616-CG

El 24 de mayo de 2017, supuestamente la Contraloría envió a la Fiscalía el oficio 37616-CG, del 23 diciembre, con el presunto informe sobre el uso de los fondos reservados de Senain. La veracidad de ese documento está en duda.

Hasta el martes, la Contraloría había emitido dos certificaciones (el 7 y el 20 de septiembre) negando la autenticidad del oficio. Lo hizo por dos consultas del asambleísta Fabricio Villamar (de CREO). La entidad de control solo da fe de la existencia del oficio 37616 DPRyC-GP, del 28 de diciembre, dirigido al Tribunal de lo Contencioso. Es, dice, el único existente con esa numeración.

Concusión

Pólit pide la excusa del fiscal

La primera vez, recordó el fiscal Carlos Baca, que se habló sobre el supuesto informe con responsabilidad penal de la Contraloría fue en junio de 2017. Lo mencionó el abogado de Carlos Pólit, Hernán Ulloa. Coincidió, recordó el funcionario, con el allanamiento al domicilio de Pólit tras vincularlo al caso Odebrecht.

Precisamente, para mañana está prevista la audiencia preparatoria de juicio, pero Ulloa pidió a la Corte Nacional la excusa de Baca Mancheno del proceso de concusión. “Ha perdido la imparcialidad y objetividad”, dijo y añadió que “ha evidenciado una enemistad manifiesta”.