Coherencia

El miércoles de esta semana el presidente de la República recibió el agradecimiento de la oposición Venezolana, luego de su comunicado oficial en el que rechazaba “enérgicamente las muertes en Venezuela” y manifestaba su preocupación por la “cantidad de presos políticos” en ese país, motivando que la esposa de Antonio Ledezma -exalcalde de Caracas-, el presidente de la Asamblea Nacional de dicho país y Lilian Tintori se hicieran eco de su declaración.

Sin embargo, frente a estas expresiones realizadas esta semana por el Gobierno, la canciller ecuatoriana había manifestado la semana anterior, a propósito de la suspensión impuesta por el Mercosur a Venezuela, luego de instalada la tan cuestionada Asamblea Constituyente de dicho país, que la Cancillería defiende el derecho que cada Estado tiene “de escoger su sistema político, económico, social y cultural sin interferencia de ninguna naturaleza de otro Estado”, y pidió a dicho órgano “cumplir los principios y propósitos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en otros instrumentos internacionales”.

A estas declaraciones se suma la concurrencia de la canciller, a la reunión del ALBA, mientras se desarrollaba el encuentro de Lima, convocado para tratar la crisis humanitaria y política de Venezuela, a la que el Ecuador no asistió, y sobre la cual la Cancillería manifestó: “Ninguna voluntad extraña puede conminar al Gobierno de Venezuela a tomar decisiones contrapuestas a sus intereses legítimos, ni a desconocer la voluntad general de su pueblo, que se ha expresado en las urnas a favor de instalar al Poder Constituyente”. Al ser un comunicado oficial de la Cancillería, es en consecuencia la postura del Gobierno ecuatoriano al mundo, la cual además debe ser acorde a lo que la mayoría piensa.

Personalmente creería que existe una contradicción entre el Ejecutivo y las declaraciones y acciones de la canciller. De ser así, esto lleva a la obligatoria revisión y armonización de las expresiones del presidente de la República y su canciller, ante los problemas del marco internacional, donde solo puede haber un criterio que represente al Estado.