CNEL y Defensoria

El Estado será responsable de la provisión de servicios públicos, de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica... El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación.

Es obligación del Estado tener una administración pública regida bajo los principios de eficacia y eficiencia, transparente y evaluable.

El Estado responde por el mal servicio y por el daño que causa, por lo que no hace bien, por lo que hace mal, también responde por quedarse callado y no evitar un daño físico o patrimonial que el ciudadano no esté legalmente obligado a soportar.

Todo lo escrito hasta aquí, de principio a fin, son derechos constitucionales nuestros. No es una opinión, son derechos sin discusión.

Si CNEL ha contratado mal o si ese contrato ha causado perjuicio a la ciudadanía, esta no tiene que ayudarlo o esperar a que lo solucione. La ciudadanía debe ser indemnizada y reparada por el dinero que perdió al estropearse sus electrodomésticos a causa de un deficiente servicio público, así como reparada por el dinero que pagó de más.

Si los funcionarios no demostraron conocimiento, cautela, formación y eficiencia, deberán ser evaluados, sancionados o no, por las autoridades de control estatal a quienes les pagamos para que vigilen.

La Defensoría del Pueblo tiene la función de proteger y tutelar los derechos de los habitantes del país y tiene la obligación de patrocinar de oficio los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos.

El gobierno de Lenín Moreno es quien debe de responder entonces por lo que las instituciones no hacen bien en su trabajo, por las que guardan silencio cómplice y por el perjuicio económico.

¿Quién de nosotros confía en que este gobierno responda a la altura de nuestros derechos?