La clase política ecuatoriana está asumiendo el drama de la inseguridad como una herramienta para hacer proselitismo o como mecanismo de fuerza en el reparto del Estado, pero no como un problema social al que hay que combatir urgentemente con políticas públicas. En otras palabras, en este país que ahora está estremecido por la tragedia de los hermanos asesinados en el Guasmo Sur, los políticos están haciendo activismo político con el tema del crimen, pero se niegan a abordar la seguridad ciudadana como una urgencia nacional ante la cual hay que montar un plan eficiente y creíble.

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Uno de los ejemplos más patéticos de esta instrumentalización política de la ola criminal es el pedido de juicio político a la fiscal Diana Salazar. Independientemente de que Salazar se merezca o no ser censurada, hay que ver los considerandos del texto de pedido de juicio que el correísmo envió a la Presidencia de la Asamblea para justificar el proceso: casi todos los argumentos para censurarla apuntan a que ella es la culpable de la ola de criminalidad que azota al país.

Basta tener un dedo de sentido común para ser consciente de que, en el caso de este pedido de juicio, el tema de la inseguridad es un pretexto demagógico y populista. La Fiscalía puede tener terribles deficiencias, pero de ahí a acusarla de ser la culpable del crimen que azota al país es una falta de seriedad y responsabilidad política, considerando además que no hay casi nadie que no sepa que las intenciones del correísmo es sacarse de encima a alguien que no está dispuesta a aceptar la impunidad de su líder, Rafael Correa.

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Pero lo peor es quizá que precisamente quienes auspician el juicio de Salazar y buscan desesperadamente censurarla con el argumento de la inseguridad, no han presentado ningún proyecto para enfrentar la amenaza, ni han urgido a las otras bancadas para que trabajen conjuntamente en un plan de seguridad de consenso, ya que el Gobierno, hasta ahora, no ha sido capaz.

Lo que ocurre, básicamente, es que hay una desconexión absoluta entre la clase política y la sociedad. Lo ocurrido con los asesinatos demuestra que, si no hubiera sido por ese abominable hecho, los políticos no habrían reaccionado como lo están haciendo recién ahora. Es más, es de temer que las reacciones que ha habido obedecen más a esta visión utilitaria del tema que a una decisión sincera de hacer algo. La clase política no parece entender que si sigue con este desconocimiento de las urgencias sociales, pronto podrá haber una crisis de representatividad muy grave.

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Esta desconexión entre políticos y sociedad parece evidenciarse en otros episodios. Por ejemplo, es patente que en el pacto legislativo que hay entre el Gobierno, el correísmo y el socialcristianismo hay más interés y por eso le dedican más tiempo y energía al tema de la fiscalización que al de la seguridad. Las tres fuerzas del acuerdo prefirieron dedicar un importante esfuerzo en concretar el fallido juicio al expresidente Guillermo Lasso, antes que al tema de la seguridad.

Finalmente, si correístas, socialcristianos y Gobierno llegaron a un acuerdo al que llamaron de gobernabilidad, lo más obvio es que se dediquen al tema de la seguridad que, en últimas instancias, es la gobernabilidad más auténtica y verdadera que necesita el país. Pero no, para quienes hacen ese acuerdo lo más urgente es encontrar un mecanismo para saltarse los juicios políticos pendientes y así poder llegar lo más rápido posible al de la fiscal. ¡Y vaya energía que le dedican a ese tema!

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Lo mismo ocurre con el Ejecutivo. Si con la misma urgencia que cambiaron de embajador ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, enviaron a la vicepresidenta a Tel Aviv o anularon contratos de seguros de Petroecuador hubieran actuado con el tema de la seguridad, es muy probable que no se habría desatado la gran indignación social que se vive a raíz del crimen de los hermanos, ya que hasta ahora no se ha presentado el famoso plan Fénix de seguridad.

El Consejo de la Judicatura, empeñado en seguir adelante con el opaco concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, está actualmente mucho más dedicado al muñequeo político para no suspenderlo, que a depurar las cortes provinciales de jueces que están alineados con los intereses mafiosos que florecen diariamente y que exigen liberaciones sospechosas a sentenciados por narcotráfico y sicariato.

En resumen, nadie está sintonizando las urgencias públicas y eso podría terminar por acabar la ya precaria confianza de la sociedad en el Estado.

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