Juan Manuel Santos tendrá un objetivo central en lo que le queda de mandato. El presidente de Colombia busca proteger su herencia, coronada por el acuerdo de paz con las FARC y el fin de la guerra, ante la incertidumbre de las elecciones de 2018. Pero a esa zozobra se sumó de nuevo, la semana pasada, la sombra del caso Odebrecht, que puede complicar su última etapa como jefe del Gobierno y perjudicar ese legado mientras su popularidad experimenta un constante desgaste.

Ese escándalo de corrupción ya salpicó su campaña de 2014 después de que la Fiscalía vinculara el pasado mes de febrero parte de un soborno recibido por un exsenador, de un millón de dólares, con las cuentas de esa carrera presidencial. La nueva confesión del entonces gerente de la candidatura, Roberto Prieto, extiende ahora las relaciones con la constructora brasileña a los comicios de 2010. Este asesor reconoció que la compañía les financió con 400.000 dólares que se destinaron a pagar dos millones de carteles electorales y aseguró que esas aportaciones eran irregulares.

Desde que se conocieran estos datos, el pasado martes, Santos ha tratado de mover fichas para defender su trabajo y el de su Ejecutivo. Tardó solo unos minutos en difundir una declaración en la que asegura que no estaba al tanto de los pagos de Odebrecht. “Me acabo de enterar”, afirmó.

En ningún momento negó los hechos, lo que convierte su mensaje en una admisión indirecta de que pudo suceder. Después pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), a través del ministro del Interior, que estudie la posibilidad de levantar la prescripción sobre las cuentas de la campaña de 2010. Este organismo nombró un ponente para poner en marcha esa operación.

El gesto, que busca transmitir transparencia a la ciudadanía, no ha evitado que las sospechas enturbien las aguas de la confrontación política. El escándalo ha golpeado a la política colombiana en un momento en el que, con la salida del vicepresidente Germán Vargas Lleras que se formalizará en los próximos días, todos los posibles candidatos se preparan para tomar posiciones en una precampaña que ya ha comenzado.

La investigación del caso Odebrecht alcanza también a la oposición. Según la Fiscalía, existen pruebas que demostrarían que la constructora brasileña intervino en la financiación de las campañas de los dos principales aspirantes en las presidenciales de 2014. El principal contrincante de Santos, Óscar Iván Zuluaga, de Centro Democrático (el partido fundado por el exmandatario Álvaro Uribe), declaró el jueves ante el CNE de forma voluntaria, negó las acusaciones y calificó su campaña de “honorable”.

En este contexto, Colombia afronta las presidenciales de 2018 con nuevas dudas que se añaden a las tensiones políticas generadas por la negociación de los acuerdos de paz. Pero el principal blanco de las críticas, por la responsabilidad que ocupa, es precisamente el actual presidente, quien hará lo posible para defender su legado.