El caso Ayotzinapa
Sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula y el destino de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, versiones encontradas tensan las relaciones entre el Gobierno mexicano y los expertos que conforman el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que han investigado en el terreno desde octubre y noviembre de 2014 hasta la fecha.
La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una conferencia de prensa en la que ratificó la hipótesis oficial de que los estudiantes normalistas fueron asesinados y calcinados en el lugar.
El subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría y Damián Torres, uno de los 6 expertos elegidos para la tercera tanda de pruebas, afirmaron que en Cocula “existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones” y que “al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar”. Sin embargo, el EAAF alertó indicando que en lo informado “no hay una respuesta concluyente”, advirtiendo que ellos documentaron la presencia de restos pertenecientes a por lo menos 19 individuos, pero que no se ha podido establecer desde cuándo están allí, si fueron dejados en uno o más momentos. Además se recuperaron prótesis dentales y ninguno de los normalistas contaba con esos arreglos odontológicos.
Ayotzinapa se ha convertido en una luz de trágicos resplandores que va iluminando, como en un mural terrible, la mueca cruel del narcotráfico pudriendo las raíces de las más antiguas estructuras del poder político, como son los municipios.
Pero sobre todo, la indeclinable búsqueda emprendida y mantenida por los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, igual que la de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, más allá de su dramática y persistente fe que a veces produce milagros, constituyen la detente espiritual más sólida al mantener prendidas las alertas para que el horror no vuelva.
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