La CAN da un plazo para el retiro de la tasa aduanera
Protesta. Para los comerciantes, desde un inicio esta tasa no cumplió con los principios de transparencia, ni con los principios legales de un tributo.
Cinco meses se tomó la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para conocer, evaluar y luego pronunciarse en contra de la tasa de control aduanero que Ecuador impuso a sus importaciones desde noviembre del año pasado. No solo que calificó el cobro como un “gravamen”, sino que pidió al Gobierno de Ecuador retirarlo en un plazo de 10 días.
A través de la resolución 1999, firmada el pasado 20 de abril por su secretario general, Walker San Miguel Rodríguez, la CAN declaró al cobro de 10 centavos como un gravamen, conforme a lo que se dispone en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena que incide en la importación de productos originarios. Algo que, agregó, “vulneraría el Programa de Liberación de la Comunidad Andina, establecido en el Acuerdo de Cartagena”. Ante ello, establece un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de publicación de la resolución, para que Ecuador retire “el gravamen” establecido.
La medida se da como consecuencia de las constantes protestas que fueron iniciadas por los gremios comerciales del país, a los que, con el tiempo, se unieron organizaciones y ministerios a nivel regional.
Países como Colombia y Perú, miembros de la CAN, se pronunciaron en contra de este cobro, por creer que atenta al principio del libre comercio que se promueve entre naciones.
Para gremios como la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) y la Federación de Cámaras de Comercio, esta tasa fue creada en el país con fines recaudatorios, pero el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) lo niega. Para esta entidad pública, hoy encargada de su cobro, se trata de una medida de control que busca contrarrestar el contrabando y la defraudación, que provocan pérdidas al fisco por 2.000 millones de dólares al año.
La Corte analiza la ilegalidad
La protesta de gremios comerciales ha incluido varias demandas para que la Justicia del país declare a esta tasa como ilegal. Para el 18 de mayo próximo, se espera que el Tribunal de la Sala de lo Tributario de la Corte Nacional de Justicia dé su dictamen final sobre este tema.
La semana pasada se llevó a cabo la primera audiencia, en la que se cuestionó el cobro de esta tasa que no estaría ofreciendo ningún servicio a cambio. Los representantes de la Cámara de Comercio de Guayaquil dijeron confiar en que los jueces locales dicten su eliminación.
Ayer, la CCG fue uno de los primeros gremios en manifestarse. Esta acción de la CAN, se indicó en un comunicado, “es otra muestra de que la ‘paquetasa’ perjudica al comercio, espanta la inversión y resta poder adquisitivo a las familias”.
“¡Lo dijimos! Es una tasa ilegal, es un impuesto camuflado que no tenía futuro”, sostuvo por su parte Patricio Alarcón, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, quien hizo un llamado a las autoridades a dar cumplimiento a la resolución.
Con el cobro de esta tasa, el Gobierno se ha propuesto recaudar anualmente $121 millones, un pago que en la actualidad está siendo asumido por los importadores. Autoridades de la Senae dijeron ayer estar al tanto de esta resolución. Ante el pedido de retiro de esta tasa, se dijo que todavía existen recursos administrativos y jurídicos “que pueden ser interpuestos en defensa de los intereses del país”.
