El pleno del Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó, este miércoles 13 de noviembre de 2019, a trámite los pedidos de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acusada de incumplimiento de funciones por parte de los asambleístas Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, en proceso, y por la legisladora Amapola Naranjo (RC).

La aprobación al interior del organismo de administración se dio con el voto favorable de cuatro legisladores. Cristina Reyes (PSC), Patricio Donoso (CREO), Rina Campaín (CREO) y de Ana Belén Marín (Alianza PAIS). Se abstuvieron César Litardo (Alianza PAIS), César Solórzano (BIN) y Carlos Cambala (Alianza PAIS).

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La solicitud de interpelación de Cuesta y Gómez se presentó el pasado 8 de agosto, con el respaldo de 41 firmas de diferentes bloques legislativos

La acusación de incumplimientos de funciones por la crisis carcelaria, en donde hubo algunas personas privadas de la libertad fallecidas en actos violentos al interior de los centros de rehabilitación social, por lo que se emitieron varios decretos de emergencia; el presunto mal uso de bienes públicos, al haber usado el helicóptero de la Policía Nacional para movilizarse con el exsecretario Anticorrupción, Iván Granda, durante el feriado de carnaval para movilizarse a Esmeraldas; y, la inseguridad que vive el país.

En tanto, que la solicitud de Naranjo se la presentó con apoyo de 36 firmas el 24 de septiembre de este año. La Parlamentaria acusa a la Ministra Romo por casi las mismas causales del primer pedido, no la inseguridad, no haber reducido los hechos de violencia contra las mujeres (femicidios) y la crisis carcelaria.

El proceso irá ahora a la Comisión de Fiscalización presidida por la asambleísta Johanna Cedeño. Ella anunció que esperará que el CAL le notifique con la calificación de las solicitudes, y recordó que el organismo una vez notificado tiene cinco días de plazo para avocar conocimiento e iniciar el trámite, estableciendo un cronograma de comparecencias para sustanciar las solicitudes y poder, con argumentos de juicios, elaborar el informe en el cual se determine si el pedido de juicio pasa al pleno o se archiva.

Cedeño adelantó que los dos juicios se unificarían ya que las causales que se presentan en las dos solicitudes son las mismas.